El Vaticano bajo fuego por presunta evasión de blanqueo de dinero... se enfrenta a acusaciones de haber utilizado una "llave maestra para el lavado de dinero" mediante la manipulación ilegal de transferencias bancarias ( Ben Munster, POLITICO)

 "El Vaticano se enfrenta a acusaciones de haber utilizado una "llave maestra para el lavado de dinero" mediante la manipulación ilegal de transferencias bancarias.

El antiguo jefe de la policía financiera de la ciudad-estado, que fue destituido en 2017, ha afirmado que su agencia de nóminas podía alterar los nombres y los números de cuenta de las transacciones después de que se realizaran, ocultando la identidad de los destinatarios y los remitentes.

La implicación sería enorme porque habría permitido a los funcionarios del Vaticano transferir fondos a clientes privados sin revelar su identidad, lo que posiblemente facilitaría el lavado de dinero ilimitado y violaría las normas antifraude más básicas.

Estas acusaciones llegan en un momento delicado para el nuevo Papa León XIV, que busca mejorar la reputación de la Iglesia Católica tras décadas de escándalos financieros y un inminente déficit presupuestario.

El Vaticano niega todas las acusaciones y personas familiarizadas con SWIFT, la organización que facilita las transferencias bancarias internacionales, afirman que lo que se le imputa al Vaticano es técnicamente imposible. Sin embargo, las acusaciones se están tomando en serio debido a la credibilidad de quienes las formulan y al historial de mala conducta del Vaticano.

Acusado de ser espía.

Lo que aumenta el misterio es lo estrechamente que las acusaciones encajan con la política interna del Vaticano.

Proceden de Libero Milone, antiguo auditor de Deloitte, una de las principales firmas de auditoría, quien fue nombrado por el fallecido Papa Francisco en 2015 para arreglar las finanzas del Vaticano tras años de escándalos y negligencia.

Dos años después, se vio obligado a dimitir después de que altos funcionarios lo acusaran de ser un espía.

Afirma que fue despedido por haber denunciado irregularidades financieras relacionadas con el ex jefe de policía y cardenal de la ciudad-estado, Giovanni Angelo Becciu, quien fue declarado culpable de malversación de fondos en 2023 tras hacer un uso indebido de fondos del Vaticano.

El Vaticano se enfrenta a acusaciones de haber utilizado una "llave maestra para el lavado de dinero" mediante la manipulación ilegal de transferencias bancarias. | Giuseppe Lami/EPA

Milone mencionó por primera vez la aparente existencia de herramientas que podrían editar los números de cuenta bancaria internacional (IBAN) en las transferencias en el sistema internacional SWIFT el mes pasado, tras el colapso de un caso que presentó contra el Vaticano por despido improcedente.

The Pillar, un sitio web católico, continuó con una serie de artículos que indicaban que Milone estaba en posesión de una gran cantidad de material potencialmente explosivo sobre prácticas descubiertas durante su tiempo en el Vaticano y estaba considerando si utilizarlo para reforzar su caso.

Describiendo la herramienta de edición de IBAN como una "llave maestra para el lavado de dinero", The Pillar afirmó que, de probarse, "el Vaticano probablemente terminaría en una lista negra financiera internacional de la peor clase, excluido del sistema bancario internacional, lo que significaría que no podría entrar ni salir dinero del estado de la ciudad, excepto en efectivo físico y literal".

 Sin chantaje.

En una rueda de prensa la semana pasada, el propio Milone corroboró las acusaciones. Sin embargo, se negó a proporcionar documentación adicional o a ir más allá de lo que informó el periodista de The Pillar, Ed Condon.

“Tengo un documento que dice que pueden modificar las transacciones —pueden cambiar el nombre— en cualquier momento”, dijo Milone en respuesta a una pregunta de POLITICO. También insinuó que tenía más pruebas perjudiciales de mala praxis en la ciudad-estado, pero de nuevo se negó a decir cuáles, insistiendo en que no quería llamar la atención sobre sí mismo. "No estoy intentando chantajear a nadie", dijo a los periodistas.

Milone dijo que supo de la herramienta por primera vez cuando el cardenal George Pell, un clérigo australiano nombrado en el marco de la misma iniciativa de transparencia, le pidió que la investigara. Pell se vio obligado a regresar a su país natal en 2017 para enfrentar acusaciones de abuso infantil, de las que posteriormente fue absuelto. Falleció en 2023.

En una carta dirigida a Milone y fechada en 2016, cuya copia The Pillar compartió con POLITICO, Pell dijo que había sido "alertado" de una solicitud de APSA, la agencia de nóminas del Vaticano, "para modificar los controles en el sistema SWIFT", una acción que describió como "potencialmente... ilegal".

La oficina de Milone investigó las afirmaciones de Pell, y el auditor las comunicó a altos funcionarios, entre ellos el Papa Francisco y el Secretario de Estado Pietro Parolin, así como al jefe de justicia del Vaticano y al organismo de control interno del Vaticano, la ASIF. Pero no recibió respuesta de estos dos últimos, que, según él, tenían el deber de investigar, lo que formaba parte de un patrón más amplio de resistencia institucional al esfuerzo de reforma de Francisco, en el que, según dijo, el difunto pontífice era rutinariamente superado en astucia.
"Completamente infundado"

El Vaticano ha negado vehementemente las acusaciones. En un comunicado compartido con POLITICO, el portavoz Matteo Bruni afirmó que las acusaciones eran "completamente infundadas" y que APSA no había prestado servicios a clientes privados en 2016, cuando se envió la carta.

Es cierto que APSA cerró sus cuentas personales para evitar la supervisión del organismo antilavado de dinero del Consejo de Europa, Moneyval, en 2015, pero es posible que las herramientas financieras se hubieran utilizado antes de esa fecha, o bien para ocultar transacciones que involucraran a clientes privados realizadas después de esa fecha, argumentó Condon en una publicación de blog.

Bruni también negó cualquier mala praxis continua, señalando las auditorías de APSA realizadas por el organismo de control ASIF y PricewaterhouseCoopers entre 2020 y 2024 que no encontraron "anomalías".
Libero Milone dijo que no sabía exactamente cómo las herramientas habrían eludido estas restricciones, pero que vio evidencia de que las transacciones fueron modificadas. | Fabio Frustaci/Agencia Europea de Prensa (EPA)

Una persona familiarizada con el funcionamiento de SWIFT, que habló con POLITICO bajo condición de anonimato, insistió en que "no es posible alterar el contenido de un mensaje de pago una vez que ha sido enviado", debido al uso de firmas digitales verificables y un cifrado de alto nivel que también se aplica a los clientes de SWIFT.

Milone dijo que no sabía exactamente cómo las herramientas habrían eludido estas restricciones, pero que vio evidencia de que las transacciones fueron modificadas.
El banquero de Dios

Antes del cónclave de mayo que eligió a León, los cardenales se quejaron de un déficit presupuestario que, según se dice, se ha ampliado considerablemente en los últimos años, debido a una disminución de las donaciones que se aceleró bajo el pontificado de Francisco. Según informaron fuentes internas a POLITICO a principios de este año, el nuevo pontífice fue elegido en parte porque se le consideraba alguien capaz de restablecer la credibilidad entre los donantes poderosos, especialmente en Estados Unidos.

Los acontecimientos recientes ya han restablecido cierta confianza. Después de que el Instituto para las Obras de Religión (IOR), el vehículo de inversión del Vaticano que durante mucho tiempo ha tenido problemas, informara de ganancias récord a principios de este año, la APSA registró recientemente un beneficio de 62,2 millones de euros para 2024, frente a los 45,9 millones de euros anteriores.

Las acusaciones de Milone socavarían ese progreso y resucitarían los malos recuerdos de escándalos financieros pasados que se remontan a la época de Pablo VI y Juan Pablo II. En las décadas de 1980 y 1990, los magistrados italianos investigaron las acusaciones de que el IOR había sido utilizado para blanquear ganancias de la Cosa Nostra con el fin de financiar movimientos anticomunistas en América Latina y Europa del Este.

Las investigaciones se iniciaron después de que el banquero milanés Roberto Calvi, vinculado al Vaticano y apodado "el banquero de Dios", fuera encontrado ahorcado bajo el puente de Blackfriars en Londres en 1982. Se alegó que Calvi había ayudado en el plan en connivencia con una serie de intereses internacionales que abarcaban no solo el IOR, sino también figuras políticas y empresariales de extrema derecha, la masonería italiana y los servicios de inteligencia estadounidenses.

El Vaticano nunca reconoció ninguna irregularidad, pero sí admitió su "implicación moral" en el colapso del banco de Calvi, el Banco Ambrosiano. Más recientemente, en 2023, el cardenal Becciu, otrora poderoso cardenal de la Secretaría de Estado del Vaticano, fue condenado tras ser hallado culpable de desviar fondos del Vaticano a una organización benéfica sarda vinculada a su familia. Becciu también fue condenado por su participación en un fallido acuerdo inmobiliario en Londres que le costó al Vaticano más de 100 millones de euros." 

( Ben Munster  , POLITICO, 11/08/25, traducción DEEPL) 

Acciona, Ferrovial, Sacyr: sobre la corrupción estructural y la doble traición del PSOE La corrupción no es una excepción, es una estructura. Empresas como Acciona, Ferrovial o Sacyr moldean la administración pública con cómplices políticos... la UCO está revelando una arquitectura empresarial e institucional diseñada para condicionar concursos públicos y canalizar comisiones en beneficio de intermediarios políticos... El caso de corrupción en las filas del PSOE recuerda que la corrupción no es una anomalía, sino el tejido mismo del sistema... Varias de estas empresas ya habían sido señaladas en escándalos de corrupción o favoritismo en otros proyectos públicos. Un ejemplo paradigmático es el caso Palau de la Música, donde grandes empresas financiaban a partidos políticos a cambio de contratos y favores. Sin embargo, esta dinámica no es exclusiva del PSOE ni de Convergència. Casos como Gürtel, que implicó al PP en una red de financiación ilegal y adjudicaciones irregulares a empresas afines, demuestran que estas prácticas atraviesan todo el espectro político... las grandes empresas ejercen un control indirecto, pero potente, sobre decisiones públicas, moldeando proyectos y adjudicaciones a su favor... Las grandes corporaciones no solo aspiran a contratos: moldean la administración pública a su medida, con la ayuda de cargos colaboracionistas y operativas institucionales (Guillem Pujol )

 "La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según documentos judiciales publicados en distintos medios de comunicación, está revelando una arquitectura empresarial e institucional diseñada para condicionar concursos públicos y canalizar comisiones en beneficio de intermediarios políticos. Según la UCO, Acciona habría abonado hasta 620.000 € en comisiones vinculadas a cinco proyectos cofinanciados con fondos europeos entre 2018 y 2021, coincidiendo con la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. De esas cantidades, al menos 450.000 € seguían pendientes de pago, y Acciona figuraba como adjudicataria en el 75% de las obras afectadas. Esto es solo una pequeña parte de lo que ya se ha publicado y, probablemente, también de lo que aún está por salir a la luz.

La corrupción estructural: una trama normalizada

El caso de corrupción en las filas del PSOE recuerda que la corrupción no es una anomalía, sino el tejido mismo del sistema. Empresas como Acciona, Ferrovial o Sacyr no solo participan en la administración pública, sino que la moldean, con la complicidad de cargos políticos que, en el caso del PSOE, traicionan no solo la confianza pública, sino los principios fundacionales de un partido que se proclama defensor de los trabajadores y trabajadoras. Esta doble traición, política e ideológica, revela una crisis profunda. Un partido de izquierdas que, lejos de combatir el poder económico, se somete a él, convirtiéndose en un instrumento de los intereses privados a los que dice oponerse.

Como decía Antonio Gramsci, “la hegemonía se construye cuando los dominados aceptan los valores de los dominantes como propios”. En el caso del PSOE, esa aceptación no es solo pasiva, sino activa, y el caso Cerdán–Ábalos–Koldo es una prueba descarnada.

Por si fuera poco, los audios interceptados, filtrados en el marco de la investigación judicial, aportan detalles explosivos. En una conversación, Koldo García afirma: “Que yo tenga contabilizado en mi registro, creo que son 47 empresas, 47. A Sacyr, a Ferrovial, ¿eh? Es decir, que me han venido a contarme un problema y yo lo he resuelto, ¿vale? Todos esos problemas son problemas técnicos, que son reuniones, ¿vale? Son reuniones con el director de Carreteras, con AENA”. En otro fragmento, se escucha a Koldo García explicar a Santos Cerdán haber recibido tres sobres por valor de 450.000 €, ante la preocupación de este último, que le suelta —intentando prevenir lo que no supo frenar—: “Que no quiero que hables, de esto no se habla”.

Nombramientos estratégicos y empresas pantalla

En una reunión celebrada en junio de 2018, solo tres días después de que Ábalos asumiera el ministerio, Santos Cerdán, Koldo García y el directivo de Acciona Fernando Merino se reunieron, según indica la UCO, con el objetivo de asegurar nombramientos estratégicos —como los de Javier Herrero o Rosario Cornejo— en los organismos adjudicadores. Bajo la consigna: “como no podamos meter a alguno, nada será posible sin esto”, se escucha decir a Santos Cerdán.

La trama incluye también empresas pantalla como Noran SC y Servinabar 2000 SL, utilizadas para camuflar adjudicaciones a Acciona en proyectos en Navarra —como la mina Muga o el Navarra Arena—, canalizando así capital a través del PSOE. Además, se han documentado pagos encubiertos: 88.000 € para un piso en Plaza España de Madrid y 526.000 € para un chalet en La Línea (Cádiz), satisfechos a través de testaferros como recompensa por influencia política.

Varias de estas empresas ya habían sido señaladas en escándalos de corrupción o favoritismo en otros proyectos públicos. Un ejemplo paradigmático es el caso Palau de la Música, donde grandes empresas financiaban a partidos políticos a cambio de contratos y favores. Sin embargo, esta dinámica no es exclusiva del PSOE ni de Convergència. Casos como Gürtel, que implicó al PP en una red de financiación ilegal y adjudicaciones irregulares a empresas afines, demuestran que estas prácticas atraviesan todo el espectro político.

Tanto el PP como el PSOE han sido señalados en escándalos que revelan una misma lógica: el intercambio de favores entre el poder económico y el político, con empresas como Acciona, Ferrovial o Sacyr como beneficiarias recurrentes. Todo ello apunta a un problema sistémico, donde los partidos mayoritarios, pese a sus diferencias ideológicas, convergen a menudo en la subordinación a los intereses privados.

El control empresarial sobre las decisiones públicas

Las relaciones entre grandes empresas y partidos políticos no son nunca neutrales ni puntuales. Configuran una trama profunda de poder que trasciende la simple colaboración institucional. Cuando se analizan estas conexiones, se constata cómo las grandes empresas ejercen un control indirecto, pero potente, sobre decisiones públicas, moldeando proyectos y adjudicaciones a su favor.

Este mosaico de evidencias —comisiones masivas, audios comprometidos, nombramientos dirigidos, empresas pantalla, pagos encubiertos y adjudicaciones opacas— constituye un modelo de corrupción estructural. Un modelo que trasciende lo individual para formar parte de la lógica empresarial-política.

Las grandes corporaciones no solo aspiran a contratos: moldean la administración pública a su medida, con la ayuda de cargos colaboracionistas y operativas institucionales. Como señalaba Pierre Bourdieu, “el capital político se transforma a menudo en un instrumento al servicio del capital económico, cuando las élites políticas se convierten en agentes de los intereses dominantes”.

La gravedad del caso Santos Cerdán, Ábalos y Koldo no reside únicamente en la presunta trama de sobornos. Está en cómo expone la hipocresía de un partido que se presenta como baluarte de la justicia social mientras facilita el enriquecimiento de élites económicas. Esta contradicción ideológica resulta especialmente dolorosa porque el PSOE, históricamente, ha reclamado el apoyo de las clases trabajadoras con promesas de redistribución y equidad.

Sin embargo, su implicación en tramas como esta sugiere que, en lugar de desafiar la hegemonía del capital, el partido se ha integrado en ella. Actúa como gestor de los intereses de las grandes corporaciones. Y, de paso, le ha servido en bandeja a la extrema derecha el acceso a las máximas instituciones del Estado. Casi nada." 

(Guillem Pujol , La Marea, 18/06/25) 

Es el Watergate francés... La oficina de Macron se ve inmersa en un grave escándalo relacionado con el agua mineral Perrier... Un informe del Senado alega que Nestlé Waters presionó al gobierno francés para posibilitar la venta de agua mineral de esa marca que eludía las estrictas normas francesas que pretenden garantizar que el agua mineral natural se mantenga pura e inalterada... la empresa reconoció haber utilizado métodos de tratamiento del agua del grifo en su agua mineral... «La presidencia sabía, al menos desde 2022, que Nestlé llevaba años haciendo trampas»

 "PARÍS - Es el Watergate francés.

La emblemática marca francesa de agua mineral Perrier está en el centro de un nuevo escándalo que amenaza con desbordarse y llegar a las más altas esferas del Gobierno.

Nestlé Waters presionó al gobierno de Francia, incluidas personas cercanas al presidente francés Emmanuel Macron, para hacer posible la venta de agua mineral de marca que eludía las estrictas regulaciones francesas, engañando efectivamente a los consumidores, según un informe condenatorio del Senado publicado el lunes.

En el centro de las acusaciones se encuentra el uso supuestamente no autorizado por parte de Nestlé Waters de filtros de carbono y luz ultravioleta -métodos utilizados normalmente en el agua del grifo- para tratar el agua mineral de varias de sus marcas, incluida su emblemática agua con gas Perrier. Pero la estricta normativa francesa pretende garantizar que el agua mineral natural se mantenga pura e inalterada, justificando el elevado precio que pagan los consumidores.

La ira por el escándalo de los presuntos grupos de presión amenaza con perjudicar aún más a un Macron ya asediado, que lucha contra el estancamiento político y los bajos índices de aprobación. Preguntado sobre el papel del Elíseo en el caso Nestlé Waters en febrero, Macron dijo que «no estaba al tanto de esas cosas» y que no había habido «acuerdo» o «colusión».

 A principios de 2024, anticipándose a la publicación de un reportaje de investigación de los medios franceses Le Monde y Radio France, la empresa de propiedad suiza emitió un comunicado en el que reconocía haber utilizado en el pasado métodos de tratamiento del agua del grifo en su agua mineral y afirmaba que había adaptado sus procesos a la normativa francesa sobre el agua mineral a partir de 2023.

«Confirmamos que la seguridad alimentaria y la calidad de nuestras aguas minerales naturales siempre han estado garantizadas», escribió Nestlé Waters en un comunicado en ese momento.

El uso de los métodos de tratamiento fue necesario debido a «contaminaciones bacterianas o químicas esporádicas» causadas por «contaminaciones fecales» en el suministro de agua mineral, según el informe de prensa, que citaba «una nota confidencial» de la administración francesa.

Nestlé Waters France informó al gobierno francés de sus prácticas de tratamiento del agua a partir de 2021, dijo la compañía en su declaración original.

Nestlé adoptó un enfoque «transaccional», según el informe del Senado del lunes. Compartió sus irregularidades con el gobierno francés y, a cambio de poner fin a los tratamientos con filtros de carbono, ofreció en su lugar utilizar la microfiltración a 0,2 micras.

Hasta ese momento, las autoridades sanitarias francesas habían establecido que cualquier filtración por debajo de un umbral de 0,8 micras entrañaba el riesgo de alterar la composición del agua. Pero en 2023, el gobierno francés permitió a las autoridades locales flexibilizar el marco normativo mediante una acción ejecutiva para permitir el método de microfiltración más fino.

 El informe del lunes es el resultado de una investigación parlamentaria del senador socialista Alexandre Ouizille sobre las prácticas de la industria francesa del agua. La investigación de Ouizille, que siguió a la publicación de los informes de prensa el año pasado, también trató de establecer hasta qué punto la oficina de Macron puede haber estado al tanto de las prácticas de Nestlé Waters.

Ouizille y la comisión investigadora citaron a declarar al exjefe de gabinete de Macron, Alexis Kohler -que ocupó ese cargo desde 2017 hasta el mes pasado y fue descrito a menudo como «el segundo cerebro del presidente»-, pero Kohler se negó a comparecer alegando la separación entre los poderes ejecutivo y legislativo.

No obstante, la oficina del presidente francés compartió con la comisión investigadora 74 páginas de documentos en los que figuran conversaciones entre miembros del personal del presidente y Nestlé y sus grupos de presión.

«Fue al más alto nivel del Gobierno donde se tomó la decisión de autorizar la microfiltración por debajo del umbral de 0,8 micras», dice el informe publicado el lunes. «La presidencia sabía, al menos desde 2022, que Nestlé llevaba años haciendo trampas».

Durante una rueda de prensa el lunes, Ouizille insistió en que Kohler se había reunido «en varias ocasiones» con grupos de presión de Nestlé y que «como mínimo, el Elíseo estaba al corriente de lo que ocurría.»"

( Victor Goury-Laffont  , POLITICO, 19/05/25, traducción DEEPL, enlaces en el original)

El grupo del Tigre: los 20 millones que emparedó el jefe de la UDEF conducen al 'número uno' de los narcos españoles

 "La primera vez que se detuvo el perro fue junto a la cama del dormitorio. Uno de los policías levantó el canapé y el animal marcó una funda de rifle y unos edredones. Eran poco más de las 5.30 horas de la mañana del pasado 6 de noviembre y ninguno de los 13 agentes que participaban en el registro imaginaba que aquellos billetes eran una porción insignificante de los 20 millones de euros que iban a encontrar durante las 16 horas que duraría el registro en el domicilio del inspector jefe Óscar Sánchez Gil. 

La cifra de dinero incautado y el destino del policía, jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en Madrid, provocaron un escándalo dos días después, cuando trascendió el hallazgo. La escena de los agentes derribando paredes que escupían billetes pertenece a una trama donde ningún fotograma desmerece: muy lejos del chalé del policía en Villalbilla (al noreste de Madrid) el hilo de la misma organización condujo a un mar de plásticos verdes que envolvían 13 toneladas de cocaína incautadas en el Puerto de Algeciras, el mayor alijo de la historia de España. Y mucho más lejos, condujo a un español al que apodan ‘El Tigre’ y que se sienta a la mesa de los grandes capos internacionales de la droga que se refugian en Dubai. 

La versión oficial de la investigación dice que todo empezó con la información recibida acerca de un policía de nombre Óscar que colaboraba con una organización de narcotraficantes. La siguiente pista estaba en las propias bases de datos de la Policía. El fichero GATI está destinado a evitar duplicidades. Si una unidad abre unas pesquisas debe introducir ahí las matrículas de los coches de los sospechosos, un número de teléfono o el nombre de una empresa. También las matrículas de los contenedores que llegan a puerto. Si hay otra unidad que ha volcado el dato antes salta una coincidencia. 

Óscar Sánchez Gil utilizaba un par de investigaciones abiertas en su unidad como justificante para volcar ahí todos los datos de su organización: luz verde para el alijo si no había duplicidades y alerta roja para sus compinches si aparecía que les estaban ya investigando. Asuntos Internos comprobó que la UDEF de Madrid había introducido matrículas de 551 contenedores desde que Óscar Sánchez llegó a la unidad como jefe, en julio de 2020. Los contenedores son el medio por el que las bandas introducen la droga a través de los puertos. Antes de eso, la unidad dedicada al blanqueo y la corrupción en el ámbito de la Comunidad de Madrid no había introducido un solo dato acerca de un contenedor.

Vuelta al 6 de noviembre. Al chalet de Villabilla. Los agentes llegan a la buhardilla. En la parte alta de los trasteros hay 14 paquetes. En cada paquete hay diez bloques de billetes. De 500, de 200, de 100… Hace tiempo que ya se ha incorporado a la búsqueda un segundo perro de Guías Caninos. A las 13:42 se persona un policía con una máquina de contar billetes. Los perros andan desbocados.

Se suman al registro los policías del Grupo Operativo de Investigaciones Técnicas (GOIT). Si hay escondites ocultos cuentan con tecnología para descubrirlos. Pican las paredes de la buhardilla y allí, en una columna, aparecen nueve paquetes más. Tras el armario del hall de entrada, Óscar Sánchez y su mujer –policía nacional destinada en el grupo de familia y menores de Alcalá– han construido otro escondite. Más billetes. También hay en el cobertizo del jardín. Y en un macetero. En el techo del garaje, tras el plafón, aparecen nuevos fajos envasados al vacío.

A través del inspector jefe, la Unidad de Asuntos Internos y la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) habían llegado a Ignacio T., con antecedentes por narcotráfico. Se trata del número uno de la organización, al menos en España, según cree la Policía. En los informes aparece fotografiado en el aeropuerto de Barajas. Ha ido a recoger a José Ángel C., que viene de Dubái. Ambos se van a comer y son fotografiados por la Policía. José Ángel es un treintañero acusado de ser el cerebro de la compleja trama de blanqueo de dinero a través de sociedades, que también utilizaba el inspector jefe. 

La Fiscalía habla de “un campo de minas”

Óscar Sánchez había establecido alrededor de sus colaboradores lo que la Fiscalía Antidroga llama en su querella “un campo de minas”. Si alguien se acercaba estallarían. A Ignacio, a José Ángel y a José Luis L. R, el inspector jefe los había incluido en el fichero como “confidentes”. En 2021, un contenedor con 1.605 kilos de cocaína llegó al Puerto de Algeciras en dirección a una empresa de importación de plátanos en Campello, Alicante. El encargado de recoger la mercancía debía ser Jose Luis R. Nunca apareció por allí. Estuvo un año huido hasta que se entregó en un juzgado de Algeciras. 

Otro de los nombres que había incluido en el fichero el inspector Sánchez Gil era el de la empresa importadora Abadix Fruits. El matrimonio al frente se entregó esta semana por ser la receptora de las 13 toneladas incautadas en octubre pasado. Estaban hartos de huir y de que Miguel, de 58 años, tuviera que buscar en cada nuevo destino un lugar donde recibir su sesión diaria de diálisis. 

Aquel envío de 2021 que nadie pasó a recoger tenía detrás a un español que había pasado bajo el radar de las Fuerzas de Seguridad hasta entonces. El 10 de mayo de ese año, la Policía colombiana trasladó un cable a sus colegas españoles con la información que “una fuente humana” les había dado del cargamento de 1.605 kilos que nadie fue a recoger. “Detrás del contenedor está una organización criminal liderada por un ciudadano español de nombre Alejandro, conocido con el alias de Tigre, quien dirige las operaciones criminales desde Dubai”, decía la comunicación. 

Efectivamente, en los archivos policiales constaba un madrileño con antecedentes que ya ha cumplido 46 años. También le llamaban 'Don Máquina'. La Policía le situaba en varias operaciones antidroga, pero desconocía el ascenso en la empresa criminal que había experimentado Alejandro Salgado, un madrileño en la cuarentena y de buena familia, que cosecha una ristra de antecedentes y del que todavía queda por reconstruir su discreto camino a la cima del narcotráfico.

En la investigación a la trama del Tigre, Ignacio T. y el inspector jefe Sánchez ha jugado un relevante papel Sky ECC, el sistema de telefonía encriptado, que como ocurriera primero con Encrochat, fue intervenido por la policía francesa, originando la mayor crisis de la historia en el narcotráfico internacional. Un informe policial de los mensajes intervenidos a la organización muestra a Salgado dirigiendo en directo una operación de descarga de droga en el puerto de Algeciras desde Dubái, a 8.000 kilómetros de donde se estaba produciendo. “Coronado, Tigre”, le anuncia su interlocutor en el terreno cuando terminan.

La última vez que consta un viaje a España de Alejandro Salgado desde Dubái es 2019. En 2022 fue detenido en Emiratos Árabes en una lujosa casa donde se celebraba una fiesta. Las autoridades del país islámico son muy severas con el consumo y Salgado fue uno de los arrestados. La Guardia Civil lo publicitó como un éxito de la cooperación entre ambos países, pero a día de hoy no hay esperanza de que sea extraditado. Emiratos Árabes llena de trabas burocráticas cualquier entrega.

Salgado llevaba una vida de lujo, pero discreta en la capital del estado árabe, donde sigue tejiendo alianzas con otros líderes de organizaciones internacionales, según fuentes policiales. El juez Francisco de Jorge, que instruye la causa contra el grupo español, investiga su maquinaria para lavar “miles de millones de euros” de los beneficios del narcotráfico, tanto propios como de esas otras organizaciones con sus jefes escondidos en Emiratos Árabes.

Cuenta atrás para el mayor de los alijos

Uno de esos clanes, conocido como de los Balcanes, habría pedido explicaciones al Tigre por la pérdida de las 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras, según publicó el medio especializado narcodiario.com. Lo que sigue es la cuenta atrás de la incautación de la droga y la caída del inspector jefe Óscar Sánchez Gil.

Diez días antes. Es 4 de octubre y el inspector jefe hace una foto con su teléfono oficial a lo que aparece en la pantalla de otro móvil. Se trata de un cuadro con códigos que identifican 16 contenedores, su “mercancía” –banana y piña– y las sociedades que las exportan. Entre esos 16 contenedores está el que tiene por matrícula TCLU1210545.

Queda una semana. Alguien entra en el fichero GATI e introduce el identificador de los 16 contenedores justificándose en el marco de una operación policial denominada Unagui, abierta en 2020. Aparece como titular de la operación el jefe de un grupo de la UDEF de Madrid, la unidad que dirige Óscar Sánchez Gil. 

Seis días antes. Los agentes de Vigilancia Aduanera en Algeciras habían bautizado una operación sobre unos contenedores con el nombre de ‘Sobotka’, por el protagonista de la segunda temporada de la serie The Wire, ambientada en el puerto de Baltimore. El sistema alerta de que uno de esos contenedores ha sido introducido en la base de datos por la UDEF de Madrid. El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado acuerda que ambas investigaciones pueden seguir por separado.

A 72 horas. El 11 de octubre, viernes, los agentes de Vigilancia Aduanera utilizan en secreto un escáner móvil que han bautizado como ‘Medusa’. El artilugio realiza “reconocimientos no intrusivos”, lo que evita que los narcotraficantes conozcan las sospechas sobre un determinado contenedor. Parece que el que lleva la numeración TCLU1210545 no solo contiene piñas. Será necesario abrirlo. 

El día del alijo. Es 14 de octubre. Las piñas viajan en cajas de cartón de 20 kilos. En su interior se descubren 11.525 tabletas recubiertas de plástico verde. Son 13.062 kilos de clorhidrato de cocaína. 

Esa misma tarde, el inspector jefe Óscar Sánchez tiene en su poder un vídeo de los funcionarios de Vigilancia Aduanera inspeccionando el cargamento de cocaína. Uno de sus subordinados le llama para informarle. Sánchez quiere saber si el importador es una empresa llamada Abadix Fruitx, radicada en El Campello (Alicante). 

Poco antes de las siete de la tarde, el inspector jefe logra hablar con un responsable de Vigilancia Aduanera en Madrid, que le confirma que Abadix en la destinataria del contenedor con la droga. El policía había dado de alta una investigación con el nombre de la sociedad y nadie le había avisado de que iba a estallar la operación. 

El responsable de Vigilancia Aduanera le explica que su enlace en Colombia ha recibido una información procedente de Ecuador y que han tenido que actuar, que sus compañeros de Algeciras tampoco le habían informado, se disculpa. “Lo que pasa es que yo no sabía ni que estaba propuesto para revisión, ni hostias, ni nada”, se enfada el policía.

Sánchez Gil habla a su vez con Ignacio T., el líder de la organización en España. “¿Qué hacemos?”, le pregunta al policía su interlocutor. “Nada, esperar”, responde él. A las 5:30 de la madrugada del 6 de noviembre sonará el timbre de su casa en Villalbilla. Son sus compañeros de Asuntos Internos y la Udyco. Sánchez Gil no se inmuta. No llama la atención ni siquiera en una situación así. Sus compañeros lo apodaron 'El Anodino'. Entre los 20 millones de euros en billetes apareció uno de 50 que ha resultado ser falso."                   ( Pedro Águeda , eldiario.es, 22/03/25)

La ex eurodiputada Maria Arena, acusada de pertenecer a una organización criminal

 "Los cargos, que Arena ha negado, son los últimos de las acusaciones del Qatargate, según las cuales grupos de presión extranjeros intentaron comprar influencia en el Parlamento Europeo.

Maria Arena, ex eurodiputada socialista, ha sido acusada de pertenencia a organización criminal, según ha confirmado a Euronews el fiscal federal belga.  

La medida se produce tras el escándalo Qatargate, que sacudió el Parlamento en 2022 y que ha supuesto la imputación de varios eurodiputados y miembros de su personal por corrupción y blanqueo de dinero.

Los cargos se confirmaron tras las revelaciones del diario La Libre, pero el portavoz declinó hacer más comentarios sobre la investigación de la supuesta compra de influencias por parte de actores extranjeros como Qatar.

Arena ha negado las acusaciones, al igual que otros ex eurodiputados implicados Eva Kaili, su pareja de hecho Francesco Giorgi, Pier Antonio Panzeri, Andrea Cozzolino y Marc Tarabella.

Arena, que hasta julio de 2024 fue eurodiputada por la región francófona de Bélgica, dimitió de su cargo de presidenta de la subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara tras revelarse que no había declarado viajes pagados a Qatar.

Hasta ahora había evitado ser acusada directamente, aunque a principios de la investigación la policía belga había precintado el despacho de su asistente.

Arena declaró a La Libre que había sido «acusada porque conozco a otras personas que a su vez están acusadas de corrupción».

Es la última vuelta de tuerca en un caso que cada vez se extiende más.

 En junio de 2023, Michael Claise, el juez que dirigía la investigación, dimitió tras las acusaciones de conflicto de intereses. El abogado de Tarabella alegó que Claise no podía ser imparcial, ya que su hijo y el hijo de Arena eran socios comerciales.

La noticia significa que cuatro personas más han sido acusadas en relación con la investigación, además de las seis personas que fueron acusadas en los meses posteriores a la apertura del caso en diciembre de 2022.

A principios de enero, Le Soir informó de la imputación de otros tres sospechosos, entre ellos dos asesores y un asistente de la agrupación socialista.  

Más de dos años después, el caso se enfrenta a nuevos escollos. La juez de instrucción Aurélie Dejaiffe dejará en breve su puesto en el sistema judicial belga, y el caso de Kaili se ha retrasado aún más por las dudas sobre si la información facilitada por los espías belgas era lícita.  "                  (Jack Schickler & Maria Psara , Euronews, 20/01/25, traducción DEEPL)

La pasmosa facilidad con la que los dirigentes del PP madrileño movían y removían a los jueces de la Audiencia Nacional... La pretensión de remover a Velasco de la instrucción del caso Lezo y del caso Púnica y colocar a un juez afín, García Castellón, quedó registrada en una grabación sobradamente conocida, incluida en el sumario de Lezo

Victor Guillot @Espejodevillano

TODOS LOS HOMBRES DE LA PRESIDENTA

EL JUEZ ELOY VELASCO, "A TOMAR POR CULO, A ONTENIENTE

" Isabel Díaz Ayuso ha dicho esta mañana que una dictadura no va de una día para otro sino poco a poco, carcomiendo las instituciones. Se ve que la Presidenta de Madrid nos lee con devoción, porque este martes comparó la investigación que recae sobre su novio con el Watergate. Por otra parte, a Alberto González Amador se le va a imputar un nuevo delito por presunto soborno a un directivo de Quirón. Tras un año, el acusado por fraude fiscal y falsedad documental todavía no ha declarado por los casos que han desencadenado "el Watergate", ay. 

Tiene razón Ayuso: para tomar el poder judicial hace falta tiempo. A veces los tiempos se aceleran. La actual presidenta de Madrid, no obstante, fue testigo de toda una época de corrupción en el turbomadrid de Aguirre, Granados e Ignacio González. Casi se puede decir que todo lo que estamos observando hoy comenzó tras un tamayazo. Ayuso fue testigo en primera persona del estallido de Púnica y Lezo, primero como candidata en las listas del PP a las elecciones de la Asamblea de Madrid de 2011. Después, en 2015, como portavoz adjunta del PP, durante el gobierno de Ignacio González y más tarde como viceconsejera de Justicia.

 En ocasiones, los movimientos de los peones se aceleran. Son pasos irreversibles que resquebrajan la arquitectura del estado de derecho. Le sucedió al juez Eloy Velasco, el juez "del pueblo" (léase con toda la ironía), cuando inició la instrucción del caso Lezo y el caso Púnica en 2015. 

El juez Velasco incluyó como investigados dentro de la Operación Lezo al exministro de Trabajo Eduardo Zaplana y al empresario Juan Miguel Villar Mir. La lista incluía al viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, además del propio presidente Ignacio González. ​

El periódico http://Vozpopuli.com publicó en abril de 2015 que los abogados de los imputados en la trama Púnica estudiaban acciones legales contra el magistrado Eloy Velasco por entender que pudiera estar revelando secretos del sumario, mientras algunos de los presuntos implicados permanecían en prisión.

 El magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, llamó al juez de la Audiencia Nacional, para advertirle de que su esposa, la abogado Beatriz Saura, había trabajado durante años en la Comunidad de Madrid y ese antecedente profesional podría contaminar el proceso y propiciar un escrito de recusación por parte de los abogados de Ignacio González.

 La pretensión de remover a Velasco de la instrucción del caso Lezo y del caso Púnica y colocar a un juez afín quedó registrada en una grabación sobradamente conocida, incluida en el sumario de Lezo, pero que conviene recordar hoy para saber cómo se van encofrando los pilares de una dictadura y cómo tratar a los jueces. 

A Ignacio González no le tembló el pulso ante Zaplana cuando exigió que Velasco abandonara la instrucción antes de que le estallase en la cara: "Tenemos a un juez que está provisional... tú lo asciendes... yo le digo, a ver, venga usted, ¿cuál es la plaza que le toca? Onteniente, a tomar por el culo a Onteniente y aquí que venga el titular, que ya me apañaré con el titular, coño". 

La grabación continúa expresando la pasmosa facilidad con la que los dirigentes del PP madrileño movían y removían a los jueces de la Audiencia Nacional: "un poli me ha dicho que a Velasco le van a mandar al Supremo pero yo creo que no. Al titular lo quitaron porque era uno, que era aparentemente Rogelio...y le dan magistrado de enlace en Londres...no sé después gana una pasta, o Roma, vive como dios y el tío no quiere saber nada claro...". 

De quien habla González no es otro que Manuel García Castellón que llevaba casi 17 años disfrutando de uno de los mejores destinos posibles en la carrera judicial: ser juez de enlace en el extranjero, primero en París y luego en Roma. Tal y como avanzaba Ignacio González, García Castellón pediría su regreso al juzgado que dejaba su sustituto. 

Para que quedar completamente aquilatada la dictadura, en los términos de Díaz Ayuso, González insistió en quién podía ser el siguiente juez que llevase la causa: García Castellón: "Yo le llamo a este y le digo, 'oye ven aquí, el titular aquí y a este...a tomar por culo, pero ¿qué te cuesta esto? y a este tío lo pones a escarbar cebollinos, joder, y ya está, ¡pero qué cojones de chantaje! , pero como todo el mundo ve que esto funciona, pues ancha es Castilla"

 Efectivamente, la Comisión Permanente del CGPJ designó a Eloy Velasco y a Enrique López Velasco como los magistrados para la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional. Su nombramiento, además, fue publicado también en el BOE a través de un Real Decreto firmado por el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Finalmente, el juez García Castellón sustituyó a Velasco en los casos Lezo y Púnica. 

Ignacio González no sólo consiguió cambiar al juez Eloy Velasco por Manuel García Gallardo en la instrucción. También consiguió colocar al Fiscal Anticorrupción que quería: Manuel Moix.

 ADENDA El juez Eloy Velasco fue director general de justicia en el gobierno de Eduardo Zaplana en la Generalitat Valenciana. 

ADENDA 2 Durante un curso celebrado el 13 de noviembre de 2024 en la V Semana Internacional del Compliance, Eloy Velasco criticó al Gobierno de coalición de PSOE y Podemos y cuestionó su legitimidad. Refiriéndose a la aprobación de la ley del "solo sí es sí" de 2022, criticó a la entonces ministra de Igualdad por tratar de «enseñar el mundo» y explicar lo que es el consentimiento a los juristas, cuestiones que, según el juez, «nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona». 

ADENDA 3 Mariano Rajoy confirmó a Catalá como ministro de Justicia después de haber sido reprobado en la Corte de los Leones.

Última edición3:49 p. m. · 15 ene. 2025 28,4 mil Visualizaciones

Ábalos y Koldo cobraron por venderse al comisionista Aldama hasta casi 1 millón y 500.000 euros, respectivamente, entre 2019 y 2022 (Ekaizer)

 "La hoja de ruta del interrogatorio del abogado José Antonio Choclán a su cliente, el imputado/investigado Vicente de Aldama, consumió 1 horas 31 minutos y los restantes 25 minutos que duró la declaración quedaron para Luis Pastor, fiscal miembro de la Fiscalía Anticorrupción, a cargo tanto del procedimiento de Koldo García-Aldama-José Luis Ábalos como de la trama de los hidrocarburos, un caso de fraude fiscal de 182 millones y otros delitos que provocó 14 detenciones el 10 de octubre pasado y arrojó a Aldama a la prisión madrileña de Soto del Real por decisión del juez Santiago Pedraz.

       Choclán suele saber muy bien, por su actuación en casos mediáticos de diverso y gran calibre, lo que el mercado de noticias y de la política demandan.

Y elaboró esa hoja de ruta con ese conocimiento: pasear a su cliente ante los principales protagonistas y personajes secundarios.

Así, aparecieron en la primera parte además de sus socios presuntamente corruptos Koldo García y José Luis Ábalos, el presidente Pedro Sánchez, varios ministros del Gobierno (hasta la oportuna Teresa Rivero (sic), nombre que Choclan tuvó que corregir por el de Ribera), la exvicepresidenta Nadia Calviño, la venezolana Delcy Rodríguez, el opositor Juan Guaidó, y demás.

   Pero desde el punto de vista criminal, o penal, lo que hizo en primer lugar este jueves Aldama, el corruptor según la definición de los autos judiciales en esta causa, es echarse sobre sus espaldas el papel de creador de la organización criminal (artículo 570 del Código Penal); tráfico de influencias (artículo 428) y de cohecho (artículo 419). Es decir: declararse culpable. “Yo no soy el Banco de España”, dijo que les decía a Ábalos y a su mano derecha Aldama cuando le pedían más dinero por venderse.

    Y como creador del entramado para la concesión de negocios con las administraciones públicas Aldama ha acreditado y aportado detalles sobre la investigación que el juez Ismael Moreno, titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, y el fiscal Luis Pastor, vienen desarrollando con apoyo de la policía judicial de la Unidad Central Operativa (UCO de la Guardia Civil desde 2022.

   “Los cohechos de Ábalos y Koldo están reconocidos y esclarecidos. Las novedades habrá que verlas”, señaló una fuente judicial muy cercana a la investigación. “Aldama ha reconocido sus cohechos, tráfico de influencias y organización criminal. Y eso es un pico de años” añadió.

     Entre esas “novedades” hay dos: la presunta entrega de 25.000 euros a Carlos Moreno, jefe de gabinete de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y de 15.000 euros a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE.

    La Fiscalía pedirá, según ha sabido este diario, la comparecencia en calidad de imputado de Carlos Moreno a la brevedad para confirmar la información de Aldama, quien presuntamente entregó el dinero a Koldo y éste, junto con Aldama, se lo dio en mano a Moreno; misma presunta operación frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Aldama y Koldo con la entrega a Santos Cerdán de un sobre con 15.000 euros.

    El primero de los cohechos obedecería a un aplazamiento en la entrega de un aval a Hacienda por parte de una empresa de Aldama llamada Pilot Real Estate.

Koldo habla con Moreno y este le dice que primero, antes de hacer cualquier gestión, necesita consultarlo con la vicepresidenta y ministra de Hacienda, segú afirma el creador del entramado.

Se hace la gestión y el aplazamiento de un embargo previsto es concedido. A los dos meses, Koldo le sugiere a Aldama que tenga un “detalle” con Moreno que está buscando un piso. Koldo le pide 25.000 euros. Quedan a tomar café debajo del Ministerio e Hacienda y Koldo y Aldama le entregan el sobre.

El segundo cohecho sería la entrega de los 15.000 euros apuntados a Cerdán por contrataciones a favor de Aldama en el País Vasco y Navarra, lo que llama el “cupo vasco”.

    Aldama dice siempre estar presente en las entregas de metálico.

También en las destinadas a Ábalos, en el ministerio y en su casa.  

    ¿Cuáles fueron las cantidades que pagó en metálico y en otros favores (inmuebles, alquileres varios) Aldama?

   Las fuentes consultadas aseguran a El Periódico de Cataluña que Aldama pagó a Ábalos aproximadamente 1 millón de euros entre primeros de 2019 y 2022, contando entregas en metálico y otros cohechos (compra de una chalé para su uso familiar en La Alcaldesa, Cadiz y el alquiler de un piso en Torre de Madrid para Jessica González García, amante de Ábalos) cantidad que en el caso de Koldo García pudo ascender a unos 500.000 euros.

   Estas cantidades salen de las pesquisas realizadas por la UCO en los múltiples dispositivos incautados a la trama Aldama-Ábalos- Koldo y examinados hasta ahora.

Es más dinero de lo que ha declarado este jueves Aldama.

     El “presupuesto inicial” que le pedían Ábalos y Koldo García era de 2 millones de euros el primero y de 500.000 euros el segundo.

     Los contratos de venta de mascarillas, que le permitieron ganar una comisión de 5,5 millones de euros a Aldama, les supuso a Ábalos embolsar 250.000 euros y a Koldo García 100.00 euros.

Ese fue el acuerdo.

     En respuesta al fiscal Luis Pastor, el creador de la trama señala:

   -Señor fiscal, yo creo que quitando [los contratos de] las mascarillas se le habrá dado al señor Ábalos unos 400.000 y pico de euros, y al señor Koldo, unos 200.000 euros más.

   -Pastor: ¿Eso en todos los conceptos o solo en metálico?

  -Aldama: En metálico. No estoy contando la casa [piso en Torre de Madrid] que se le pagaba a Jessica.

 -Usted también ha indicado pagos recurrentes [mensuales] de entorno a 10.000 euros a Koldo.

 -Sí.

    Sin embargo, según los investigadores, el seguimiento de los pagos realizado por  la UCO arroja cantidades mayores, según hemos apuntado.

    Las pretensiones de Ábalos y Koldo García, si se dan por buenos los datos ya conocidos en la investigación y las afirmaciones de Aldama indican que ambos vieron la ocasión de dar dos grandes pelotazos.

Si Aldama cobró 5,5 millones de euros por intermediar (el 10% de todos los contratos de venta de mascarillas por 55 millones de euros), ellos pretendían la mitad de esa ganancia (2 millones para Ábalos y 500.000 para Koldo). Parece que Koldo lo habría conseguido.

    Antes de terminar la declaración del pasado jueves, el fiscal Pastor hizo a Aldama la siguiente petición:

   -Usted ha declarado aquí voluntariamente. ¿Puede ratificar su voluntad de declarar y comparecer tanto en este juzgado como ante la Sala Penal del Tribunal Supremo, todas las veces que sea, no solo a instancia suya, sino a instancia del órgano de instrucción? Comparecer y declarar siempre a todas las preguntas que le sean formuladas, al menos, por el juez y el fiscal.¿Manifiesta usted su disposición?

-Manifiesto mi disposición y colaboración

     Tras la declaración, el abogado Choclán solicitó la libertad al juez Pedráz, que había dictado prisión para Aldama y sus cómplices el 10 de octubre en la trama de los hidrocarburos.

El fiscal pastor, a su vez, solicitó la tarde del jueves acordar la libertad en virtud de que “la confesión de los delitos coloca al investigado [Aldama] en una nueva situación”, aunque pidió la prohibición de salida del territorio nacional, retirada del pasaporte y comparecer semanalmente.

    Aldama se atribuyó en la declaración a sí mismo la labor de conseguir el rescate de Air Europa, empresa a la cual asesoraba, y a Ábalos. Lo hizo de manera tajante. En ningún momento apuntó a Begoña Gómez en este asunto.

     Choclán consiguió el impacto que buscaba: es decir las múltiples referencias de Aldama a Pedro Sánchez.

Y obtuvo también lo que estaba fuera de guión: la respuesta de Sánchez a “este personaje” (Aldama); y la de su cliente a Sánchez: “No se preocupe, tendrá pruebas”."

( Ernesto Ekaizer , blog, 23/11/24)

La asociación progresista de fiscales atribuye al Supremo una “caza de brujas” por la causa contra el Fiscal General, García Ortiz... que se sostiene sobre una sumario carente de indicios y que ignora los “sólidos contraindicios que deberían llevar de forma inmediata al archivo de este procedimiento”... “Todo ello nos lleva a considerar que estamos ante un ataque sin precedentes a la institución del Ministerio Fiscal, al trabajo diario de los fiscales y al Estado de Derecho [...] Se está atacando al funcionamiento propio de la carrera. La sociedad española debe saber que la autonomía del Ministerio Fiscal, pieza fundamental de la justicia democrática, está en verdadero peligro”

 "La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha emitido este lunes un duro comunicado para denunciar el “ataque directo” contra la “institución del Ministerio Fiscal” que ha perpetrado, según su opinión, el juez Ángel Hurtado al citar a declarar como imputado el próximo 29 de enero al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a dos de sus subordinados el 30 de enero y el 5 de febrero. La asociación —a la que pertenece García Ortiz y de la cual fue presidente— insiste en que la causa del magistrado instructor del Tribunal Supremo contra el máximo representante del ministerio público constituye una “auténtica caza de brujas”, que se sostiene sobre una sumario carente de indicios y que ignora los “sólidos contraindicios que deberían llevar de forma inmediata al archivo de este procedimiento”.

“La UPF manifiesta su absoluta disconformidad y perplejidad por esta imputación, que supone criminalizar el funcionamiento normal de la institución del Ministerio Fiscal”, remacha la nota del colectivo, que en diciembre ya calificó como “claramente inquisitivo” el trabajo del juez. A primera hora de la mañana de este lunes, Hurtado ha fijado la fecha para interrogar formalmente como imputado a García Ortiz, encausado por la filtración de un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, novio de la popular Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Además, el magistrado ha señalado que tomará declaración como investigados a Pilar Rodríguez (30 de enero), fiscal jefe provincial de Madrid, que ya estaba imputada; y a Diego Villafañe (5 de febrero), teniente fiscal de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, a quien pone por primera vez en la diana.

“La investigación del teniente fiscal de la secretaria técnica y la citación a declarar formalmente en condición de investigados del fiscal General y la fiscal jefa provincial de Madrid, lejos de argumentar indicios incriminatorios algunos, está describiendo el funcionamiento normal y ordinario de toda la institución”, prosigue el comunicado de la UPF, en referencia a la exposición que Hurtado hace en su resolución de este lunes. En su escrito, el magistrado describe el intercambio de mensajes que se produjo entre los miembros de la Fiscalía General del Estado el pasado 13 de marzo, después de que El Mundo publicara una información tergiversada que afirmaba que el ministerio público había ofrecido un pacto a González Amador para que reconociera dos delitos fiscales para evitarle la entrada en prisión —pese a que había sido realmente al revés, ya que el pacto había partido del abogado del novio de Ayuso—.

La Fiscalía General del Estado defiende que esas comunicaciones demuestran que se pusieron a trabajar para desmontar el bulo mediante una nota de prensa que se publicó el 14 de marzo. Sin embargo, antes de la divulgación de esa nota, se filtró a la prensa un correo del letrado de González Amador (fechado el 2 de febrero de 2024) que desmontaba la mentira —que, precisamente, estaba difundiendo el PP de Madrid y el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez—. La cúpula del ministerio público niega que ellos filtraran ese email, pero el magistrado Hurtado considera que existen indicios suficientes de que salió de ahí.

 “La actuación de todos los fiscales que intervinieron en el asunto fue exclusivamente técnico-jurídica y estuvo destinada a informar a la opinión pública en relación a la fabricación de un bulo que, además de faltar a la verdad, atacaba a la independencia y profesionalidad de determinados fiscales y por ende de la Fiscalía como institución”, subraya el comunicado de la UPF de este lunes: “Todo ello nos lleva a considerar que estamos ante un ataque sin precedentes a la institución del Ministerio Fiscal, al trabajo diario de los fiscales y al Estado de Derecho [...] Se está atacando al funcionamiento propio de la carrera. La sociedad española debe saber que la autonomía del Ministerio Fiscal, pieza fundamental de la justicia democrática, está en verdadero peligro”."

(J. J. Gálvez , El País, 13/01/25)

Cosidó, decididamente, pasará a la historia política no porque durante su gestión el gobierno de Mariano Rajoy convirtió la Policía Nacional en un instrumento político contra sus adversarios (desde Luis Bárcenas, ex tesorero nacional del PP, al PSOE, operación BARC mediante, a Podemos y los partidos independentistas catalanes), según el dictamen del Congreso de los Diputados de 2017, sino por la filtración del whatsapp que envió como portavoz del PP en el Senado a su chat informal de senadores el sábado 18 de noviembre de 2018 a las 21:30, un mensaje que hizo abortar el pacto secreto del Gobierno y el Partido Popular para nombrar presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al entonces presidente de la Sala Segunda, o Penal, del Tribunal Supremo (Ernesto Ekaizer)

 "La inspectora jefa del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) con carné profesional número 89169 Silvia O.M. debía declarar la semana próxima, el 13 de enero de 2025, sobre su escrito aportado al juzgado (véase el escrito) en el que desveló dos operaciones de inteligencia contra Podemos en 2016: Bolívar y Venús. Pero la decisión del juez Santiago Pedraz del pasado 8 de incorporar los expedientes de ambas a la causa, según una solicitud de la acusación particular -el partido Podemos actúa en calidad de perjudicado- ha aplazado la comparecencia testifical, de Silvia. O.M, según una providencia del pasado 7 de enero.

La nueva fecha depende, ahora, de que las instituciones policiales envíen los expedientes de las operaciones Bolívar y Venus al juzgado para conocer el alcance de las pesquisas políticas, al margen de los tribunales.

Cabe señalar que Pedraz decidió el pasado miércoles 8 esa incorporación pese al informe negativo del fiscal de la Audiencia Nacional, Vicente González Mota, quien considero desproporcionada la solicitud.

Cachondeo

Cosidó, decididamente, pasará a la historia política no porque durante su gestión el gobierno de Mariano Rajoy convirtió la Policía Nacional en un instrumento político contra sus adversarios (desde Luis Bárcenas, ex tesorero nacional del PP, al PSOE, operación BARC mediante, a Podemos y los partidos independentistas catalanes), según el dictamen del Congreso de los Diputados de 2017, sino por la filtración del whatsapp que envió como portavoz del PP en el Senado a su chat informal de senadores el sábado 18 de noviembre de 2018 a las 21:30, un mensaje que hizo abortar el pacto secreto del Gobierno y el Partido Popular para nombrar presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al entonces presidente de la Sala Segunda, o Penal, del Tribunal Supremo.

En dicho texto, Cosidó se mostró pedagógico con voces disidentes -los llamados senadores sorayistas que abominaban de un pacto con el Gobierno- y destacaba la goleada que suponía el acuerdo. El mensaje fue filtrado pocas horas después de ser enviado.

“Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un Presidente excepcional, un gran jurista con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11 a10 sino próximasal 21-0. Y además controlando la sala segunda [la sala penal del Tribunal Supremo] desde detrás…”.

El pacto voló por los aires y el PP de Pablo Casado y Alberto Nuñez Feijóo mantuvieron el bloqueo de la renovación durante cinco años y medio, hasta julio de 2024. Se dice pronto, sí.

En cambio, como director general de la Policía (2012-2017), Cosidó estuvo al frente de una institución que puso en marcha una policía política, según se ha apuntado, sin resultar imputado, ni prestar declaración en calidad de testigo, en la operación extrajudicial Kitchen en busca de datos presuntamente comprometedores para Mariano Rajoy en poder de Luis Bárcenas, un montaje en el que intervinieron 50 policías, cuyo juicio oral se contra la mayor parte de los altos cargos de Interior en fecha todavía por determinar.

El rechazo de la judicatura de investigar la Operación Cataluña, por otra parte, también le ahorró cualquier tipo de molestias.

Por último, ha sido citado en calidad de testigo el pasado jueves 9 en la causa que investiga las operaciones políticas para acabar con Podemos en 2016 y 2017.

No conoció, según ha declarado, el llamado informe PISA (Pablo Iglesias S.A.) sino por los medios de comunicación cuando es lo cierto que dicho informe fue elaborado por la Dirección Adjunta Operativa, a cargo del número dos de la Policía, el subordinado de Cosidó. Esto es: Eugenio Pino.

Ahora, eso sí: usó ese mismo informe para acosar a Podemos en el Senado.

El 5 de octubre de 2018, Cosidó apuntó públicamente que hay "dudas razonables" sobre los fondos que pudieron llegar a los fundadores de Podemos desde Irán y Venezuela, y por ello ve oportuno que declaren aquellas personas que dispongan de información "relevante".

No sin ironía, en alusión velada al célebre whatsapp, de Cosidó, Pablo Iglesias dijo: “Ni [Manuel] Marchena, uno de los suyos, ha visto financiación ilegal en Podemos”. Se refería a las decisiones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 2015 y 2016 en las que se rechazaban las querellas contra Podemos.

En realidad, según apuntamos, los pagos presuntamente realizados, aludidos en l informe PISA, no fueron para Podemos sino para una entidad llamada CELS y eran anteriores -de ser ciertos- a la vigencia de la nueva ley de financiación de partidos, del 1 de julio de 2015.

La inspectora jefa 89169

Silvia O.M. formó parte del trío de la bencina -con García Catalán y Fuentes Gago- para interrogar en Nueva York, en abril de 2016 -despues que el Tribunal Supremo rechazó investigar el informe PISA- al exministro de Finanzas del gobierno venezolano de Hugo Chávez, sobre el presunto apoyo a Podemos. De ahí el ocurrente nombre de Bolívar. Todas estas informaciones iban saltando a los medios ante la proximidad de las elecciones generales del 26 de junio de 2016 para desgastar a Podemos.

Según el escrito de la inspectora jefe, Isea aseguró que el gobierno venezolano apoyó con 7 millones de euros a la fundación ya citada. El 14 de abril de 2016, tras la conversación con Idea, se registró la operación Bolívar para comprobar los datos. De regreso a Madrid, la inspectora consultó bases de datos para verificar si Pablo Iglesias había viajado a Venezuela.

La otra operación, Venus, buscó datos para apuntalar el desacreditado informe PISA y distintas financiaciones externas de Podemos.

Ni Bolivar ni Venus obtuvieron resultados. Y fueron desactivadas.

Ahora, esos expedientes han sido solicitados por el juez Pedraz. Una vez incorporados a la causa, Silvia O.M será citada a declarar en calidad de testigo.

Cuando una comprueba la participación de los inspectores resulta que en estas operaciones políticas siempre eran los mismos.

Fuentes Gago, por ejemplo, viajaría a Ginebra en 2017 para confirmar la veracidad de la cuenta en la Union de Banques Suisses (UBS) que el comisario Enrique García Castaño filtró a un diario en octubre de 2014, a una semana de la celebración de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014. Falsa, claro."

( Ernesto Ekaizer , blog, 11/01/25)

Condenados dos ex-viceconsejeros de la Junta de Castilla y León por corrupción urbanística en el caso ‘Perla Negra’

 "La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado al exviceconsejero de Economía de la Junta de Castilla y León (PP), Rafael Delgado, a dos años y medio de cárcel por un delito continuado de malversación de caudales públicos y otros nueve años y medio de inhabilitación por prevaricación administrativa por el caso de corrupción urbanística conocido como ‘Perla Negra’. Junto al ex alto cargo han sido penados otros nombres importantes de aquella Junta, aunque no ingresarán en prisión. La también exviceconsejera Begoña Hernández ha sido sentenciada a dos años y dos meses de inhabilitación por otro delito continuado de prevaricación administrativa. La sentencia, difundida este miércoles, llega meses después de que terminaran en mayo las declaraciones de la cúpula de la consejería de Economía entre 2005 y 2009, cuando se decidió y ejecutó la adquisición de una parcela y un inmueble por 20 millones de euros más de lo tasado. Los implicados apuntaron al exconsejero Tomás Villanueva, fallecido en 2017. El entonces presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, compareció ante el juez para desmarcarse del caso pese a que otro testigo declaró que le avisó de las sospechas.

Más información

La ‘Perla Negra’ de corrupción urbanística del PP de Castilla y León pone rumbo a los juzgados

El caso comenzó con la compra de unos terrenos y un inmueble en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) para uso de la consejería de Economía. El sobreprecio, con 20 millones más de lo estipulado, propició esta causa, apodada ‘Perla Negra’ por el color negro del edificio y la sombra de sospecha sobre el proceso. Asimismo, se investigó un dislate de 3,4 millones en un polígono en Arrabal de Portillo (Valladolid) que nunca llegó a funcionar. La sentencia se centra en Rafael Delgado, el único que irá a la cárcel al recibir una condena superior a los dos años de prisión, y a Begoña Hernández, sin prisión pero con dos años y dos meses inhabilitada. Además, sanciona a parte de la cúpula de la empresa pública Gesturcal, dependiente de la consejería de Economía de Herrera, y a la empresa que gestionó la operación inmobiliaria, Urban Proyecta. La sentencia recoge estas penas en lo referido a Arroyo de la Encomienda: Juan Carlos Sacristán, consejero delegado de Gesturcal, dos años, un mes y 15 días de inhabilitación y Germán José Martín y Ángel Montes, de Urban Proyecta, 11 meses de cárcel por tráfico de influencias. En cuanto a las maniobras por el polígono de Arrabal de Portillo, los siguientes empresarios condenados por tráfico de influencias reciben siete meses de prisión, por lo que no serán privados de libertad, y una multa de 1,47 millones de euros: Francisco Esgueva, Luis Antonio Recio, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González.

La resolución judicial de la Audiencia Provincial de Valladolid no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. En concepto de responsabilidad civil, Rafael Delgado, Germán José Martín y Ángel Montes deberán pagar 4,5 millones de euros a la Administración autonómica. Por otro lado, Rafael Delgado, Luis Antonio Recio, Francisco Esgueva, Luis Ángel Rodríguez y Carlos González habrán de indemnizar con 2.026.198,37 euros a la Administración autonómica

El 8 de mayo, tras tres meses de desfile ante el tribunal, concluyeron las citaciones en la Audiencia Provincial de Valladolid, con una tónica: los acusados señalando a Tomás Villanueva, quien fue exconsejero de Economía y exvicepresidente de la Junta, muerto en 2017. El origen del caso está en un conjunto de edificios en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) que costó 60,5 millones de euros, 10,5 más de los tasados. Además, la consejería abonó otros 10 millones correspondientes a la promotora, Urban Proyecta. También se investigó la compra de unos terrenos para la construcción de un polígono industrial inoperativo en Portillo (Valladolid), con un posible desvío de 3,4 millones. La Fiscalía pedía 70 años de cárcel y multas millonarias para los 12 encausados; el PSOE, como acusación particular, lo elevó a 221 años.

La estrategia de los principales sospechosos coincidió en apuntar a quien no se podía defender, el exconsejero Villanueva, fallecido por causas naturales en 2017, al día siguiente de conocerse que Hacienda le investigaba 83 cuentas bancarias internacionales. Delgado y Hernández aseguraron ante el juez que las decisiones las tomaba el político difunto, figura de máxima importancia en la Junta durante dos décadas. También compareció el expresidente Herrera, que testificó algo nervioso al principio, pero salió silbando de los juzgados, tras alegar que “tenía sentido” la compra del inmueble y despejando responsabilidades sobre la eficacia posterior de la operación: “No soy quién para juzgar si fue un acierto”. El exmandatario, ahora al mando del Consejo Consultivo de Castilla y León con 80.000 euros de sueldo anual, ha admitido que fue avisado de los sobrecostes que se rumoreaban sobre La Perla Negra, apodada así por el color y las corruptelas piratescas comentadas al respecto, mote siempre reprobado por Herrera.

“Yo tomo conocimiento del interés y las gestiones en torno al edificio de Arroyo por un comentario casi confidencial de Pablo Trillo, que me transmite su inquietud personal”, señaló. Trillo, actual procurador del PP en las Cortes autonómicas y entonces cargo en la empresa pública que gestionaba la operación, reiteró también en la Audiencia que los informes sobre los precios le parecían “muy altos, costosísimos o elevadísimos”. Por responsabilidad, decidió acudir al despacho del jefe. El presidente le respondió que “se informaría”, pues afirmó desconocer los indicios, y habló con su “amigo personal” Villanueva, si bien nunca se tomaron medidas y la operación culminó con el citado sobrecoste. El proceso judicial se ha dilatado durante años, tras comenzar en 2013, con suspensiones derivadas de la falta de documentación y diversos retrasos."    (Juan Navarro , El País, 08/01/25)

Moreno releva a la interventora general de la Junta andaluza que firmó un contundente informe que alertaba a la Consejería de Hacienda contra el uso indebido de los contratos menores que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) estaba firmando con la sanidad privada para eludir la Ley de Contratos del Sector Público... por lo que han sido acusados actual gerente del SAS y a sus dos predecesores por los contratos de emergencia de la Junta

 "El juez cita como investigados a la actual gerente del SAS y a sus dos predecesores por los contratos de emergencia de la Junta.

 El Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha citado en calidad de “querellados” a los exdirectores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2019 y 2023, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, y a la actual responsable, Valle García Sánchez, por la causa que investiga el abuso de contratos de emergencia por parte de la Junta de Andalucía entre 2020 y 2023, cuando ya había decaído la cobertura legal que amparaba este tipo de adjudicaciones a dedo por motivo de la pandemia. En su auto, adelantado por la Cadena SER y al que ha tenido acceso este diario, el juez ordena que se presenten ante su tribunal a lo largo del mes de noviembre para que sean informados de la querella presentada por el PSOE andaluz por este motivo.

El magistrado ha abierto diligencias por un supuesto delito de prevaricación administrativa que podría ampliarse si en el curso de las pesquisas, que está dirigiendo la Fiscalía Anticorrupción, se aprecian otros delitos. En un primer momento, el PSOE de Andalucía solo solicitó que se investigara a los dos responsables del SAS durante los años en los que se realizaron las supuestas adjudicaciones de emergencia al margen de la normativa que los amparaba, pero el pasado 11 de noviembre, los socialistas, que están personados en calidad de acusación popular, pidieron la ampliación de la querella a la actual gerente, Valle García Sánchez, porque, según indican fuentes socialistas, se han estado firmando adendas de esos contratos exprés en enero y julio de 2024, a las que ha tenido acceso este diario.

La primera de ellas fue firmada el 17 de enero de 2024 en relación con un contrato para “la prestación de asistencia sanitaria médica y/o diagnóstica y/o terapéutica para procedimientos oncológicos a usuarios del SAS”, que se adjudicó por 2.253.501,95 euros a través de la tramitación de emergencia el 20 de enero de 2021 a la empresa Hospital Doctor Antonio López Cano. Ese contrato, que debía ejecutarse entre el 1 de febrero de 2021 hasta el día 31 de diciembre de ese mismo año, se fue prorrogando mediante la modalidad de emergencia hasta en cuatro ocasiones: la primera para ampliarlo entre 1 de enero de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022; la segunda para extenderlo hasta el 30 de diciembre de ese mismo año y la tercera para alargarlo desde el 31 de diciembre de 2022 hasta el 17 de mayo de 2023.

En la primera de esas prórrogas, el 30 de diciembre de 2021, se esgrime como argumento que continuaba “la situación crítica de la pandemia debido al incremento considerable de contagios de la sexta ola de la pandemia” lo que hacía “necesario dar continuidad al acuerdo de emergencia”. En las sucesivas no se alude ya a la pandemia y únicamente se esgrime que “se hace necesario darle continuidad”.

En la última prórroga suscrita el 31 de diciembre para ampliar el contrato hasta el 17 de mayo de 2023, se estipuló que el importe de la adjudicación entre enero de ese año y la finalización de su ejecución sería de 2.208.114,75 euros. Una cantidad que en la adenda suscrita el pasado 17 de enero se modifica, ampliándose a 2.523.501,95 euros, esgrimiendo las cláusulas del mismo que estipulan que: “Cuando se haya ejecutado el 80% del total del presupuesto máximo adjudicado en los ‘Procedimientos Diagnósticos y/o Terapéuticos’, el centro contratado deberá ponerlo en conocimiento del SAS para las posibles modificaciones” y que “el presente contrato puede ser modificado si las circunstancias excepcionales lo requieren”.

 La segunda adenda fue firmada el 18 de julio de 2024 y tiene una estructura similar a la anterior, tanto en el tipo de contratación, como en el de las prórrogas, realizadas en las mismas fechas y para los mismos plazos de duración. En este caso, el contrato de emergencia se suscribió el 11 de septiembre de 2020 con el Hospital HLA Mediterráneo de Almería, por un montante de 4.495.000 euros, para la “prestación de asistencia sanitaria médica, quirúrgica y diagnostica y/o terapéutica a usuarios del SAS” en ese hospital.

Como el anterior, debía ejecutarse desde el 1 de febrero de 2021 hasta el día 31 de diciembre de ese año, pero “continuando la situación crítica de la pandemia debido al incremento considerable de contagios de la sexta ola de la pandemia”, se acuerda ampliarlo hasta el 30 de septiembre de 2022. Entonces y “para dar continuidad al la prestación de asistencia sanitaria”, se vuelve a prorrogar hasta el 31 de diciembre y, en esa fecha, y con la misma premisa que la anterior, se amplía hasta el 17 de mayo de 2023. En esta prórroga se estipula que el montante del contrato entre el 1 de enero y el 17 de mayo de 2023 ascienda a 4.438.492,52 de euros, que es la cantidad que se decide modificar en la adenda firmada el pasado mes de julio, pasando a ser de 4.495.000,00 euros, alegando las mismas cláusulas que en la adenda anterior.

Cambios fallidos en las modalidades de contratación

Fuentes de la Junta sostienen que estas adendas implican una reasignación del gasto y no una continuación de los contratos de emergencia. Esas adendas están firmadas por la actual gerente, que asumió su cargo el 27 de diciembre de 2023, fecha en la que presentaron su dimisión tanto Guzmán, que entonces era vicepresidente de la Consejería de Salud, como quien lo sustituyó en su puesto al frente del SAS a partir de 2022, Vargas. Estas dos adendas se firman 10 meses después de que la Junta de Andalucía anunciara que renunciaba al procedimiento de contratación de emergencia, un anuncio que hizo en marzo de 2023, días después de que se publicara en la prensa el abuso de la contratación sanitaria exprés más allá del 8 de junio de 2021, cuando la Consejería de Hacienda dictó una instrucción que ponía fin al período excepcional durante el cual la administración podía utilizar las modalidades de emergencia para hacer frente al covid.

En octubre de 2023 la entonces consejera de Sanidad, Catalina García, anunciaba que el SAS iba a cambiar su sistema de contratación, por uno nuevo basado en un sistema de conciertos por lotes para que la sanidad privada realizase operaciones quirúrgicas, consultas y pruebas diagnósticas por un total de 734 millones de euros durante cuatro años. La iniciativa se truncó un mes después por la impugnación del sistema de licitación por uno de los adjudicatarios, y aunque se indicó que se retomaría a finales de este año, sigue en suspenso. Mientras tanto, la Junta optó por aprobar un nuevo plan de choque de 283 millones, de los que el 42% iría a conciertos con la sanidad privada para aligerar las listas de espera a través de contratos a dedo, contratos que se empezaron a firmar en julio.

 La querella del PSOE por el abuso de contratos exprés se presentó en junio, un mes antes de que se firmara la adenda que amplía el montante de un contrato de emergencia y cuando la polémica por el marco irregular con el que se realizaban estas adjudicaciones ya se había generado. Este mismo lunes, el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, sostenía que todos estos contratos eran legales y que la denuncia del PSOE formaba parte de “la estrategia del fango de La Moncloa” para desgastar a su Gobierno. Tras conocerse la ampliación de la querella a la actual gerente del SAS, fuentes de la Junta han vuelto a insistir en que el Servicio Andaluz de Salud considera que todas las contrataciones están dentro de la ley."                    (Eva Saiz , El País, 14/11/24)

 

 "La Junta de Andalucía ha relevado este miércoles a la interventora general andaluza, María Antonia González, en medio de una compleja negociación salarial que lleva meses enquistada, que beneficia a 70 interventores del órgano fiscalizador. 

A finales de 2022 González firmó un contundente informe que alertaba a la Consejería de Hacienda contra el uso indebido de los contratos menores que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) estaba firmando con la sanidad privada para eludir la Ley de Contratos del Sector Público. Un juzgado investiga ahora por prevaricación a la actual gerente del SAS, Valle García, y a sus dos predecesores, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas.

González, en el cargo desde septiembre de 2022, firmó el informe de actuación ―un código rojo para alertar del menoscabo en los fondos públicos― para que la Junta pusiera fin al abuso de contratos menores “en fraude de ley” en el SAS, según avanzó eldiario.es. Este informe, dirigido a la consejera de Hacienda, Carolina España, lo elaboró González tras comprobar que todas las advertencias previas a la dirección gerente del SAS habían caído en saco roto. Los reparos contables de este Cuerpo a la Consejería de Hacienda pesaron sobremanera en la macrocausa de los ERE durante la etapa socialista y ahora están detrás de la investigación de un juzgado y la Fiscalía Anticorrupción por los contratos de emergencia del Gobierno de Moreno.

El cese de González ha pillado por sorpresa al Cuerpo que fiscaliza las cuentas del Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP). Y la versión oficial difiere de la que ha transmitido la propia interventora general. “Motivos personales”, ha alegado un portavoz de la Consejería de Hacienda sobre el cese. Sin embargo, González ha explicado en una reunión interna con los jefes de división y los interventores delegados este mismo martes que ha sido sustituida por defenderles ante la Junta, y por pelear la retribución salarial que estaba contemplada en la orden de creación del Cuerpo Superior de Intervención y Auditoría, publicada el pasado junio.

 Mientras la Consejería de Hacienda defendía que la mejora salarial debía beneficiar solo a los interventores que firman y visan las cuentas de las Consejerías y Delegaciones de la Junta, González apoyó a los interventores para que ese aumento económico ―de unos 5.000 euros al año― beneficiara a todo el Cuerpo. “No es cierto que haya sido por motivos personales, la han cesado [a González] porque la Junta decía que otros colectivos podrían protestar ante la subida establecida en la memoria económica. La Consejería no le ha dicho a la interventora general que la cesen por su informe de actuación, aunque probablemente también esté detrás”, confía un interventor que estuvo presente en la reunión telemática, con más de medio centenar de interventores asistentes.

“La Junta culpa a la interventora general de falta de mano izquierda, de que no ha sabido controlar a su personal y de que se le ha ido de las manos, aunque haya influido el asunto del informe de actuación”, afirma otro interventor, que destaca a la viceconsejera de Hacienda, Amelia Martínez, como ejecutora del cese. Miguel Ángel Figueroa, ex director general de la agencia Idea, sustituirá a González al frente de la Intervención de la Junta.

Sin embargo, es muy probable que los problemas de la Consejería con el Cuerpo Superior de Interventores no acaben con el cese de González: los interventores llevan meses amenazando con una huelga y “están en una lucha sorda soterrada”, informan fuentes de la negociación. “Carece de lógica que la Consejería no haya sido más generosa en cuanto a la subida de sueldo”, destacan fuentes al tanto de acuerdo aún sin cerrar.

 Un portavoz de la Consejería defiende que más del 80% de los interventores integrados en el nuevo Cuerpo se beneficiarían de la subida salarial, aunque no ha explicado los motivos por los que no se ha cerrado un acuerdo después de meses de conversaciones. Este diario ha intentado sin éxito contactar con González y Martínez para que ofrezcan sus versiones del inesperado cese.

La subida salarial que exigen los interventores estaba incluida en la memoria económica de la Ley de Creación de los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Junta, pero luego el Gobierno autonómico decidió que la aplicaría solo a aquellos auditores que visan las cuentas y dan luz verde al gasto, no a los que ejercen funciones contables. Y esa discriminación ha soliviantado a los interventores, un Cuerpo auditor de élite ―con las máximas categorías 28, 29 y 30― en la Junta."                (Javier Martín-Arroyo , El País, 08/01/25)