Rato, en el banquillo: retrato de un hombre “poderoso” que hizo del fraude y el blanqueo un “modus operandi”

 "Después de más de seis horas de detallada exposición —espaciadas en tres sesiones—, la fiscal anticorrupción Elena Lorente apiló los folios que tenía sobre la mesa, tomó el estuche de sus gafas y animó al tribunal encargado de juzgar el presunto origen ilícito de la fortuna de Rodrigo Rato a no buscar complejos mecanismos en su veredicto. Lo hizo invocando uno de los correos que José Manuel Fernández Norniella, ‘escudero’ de Rato, envió al exbanquero y en el que aludía a la herramienta filosófica de la navaja de Ockham, que dice que la explicación más sencilla es probablemente la más real. “Esto puede ser un principio para lo que ustedes tienen que ver a partir de ahora”, culminó la fiscal.

Fue el colofón del informe acusatorio de Lorente, la fiscal encargada de impulsar la causa contra el que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y vicepresidente del Gobierno con José María Aznar (PP). Una exposición centrada en rebatir las tesis de la defensa de Rato, a la que acusó de haber usado “trampantojos, trampas y ocultaciones” en favor de su defendido. Los días siguientes, la abogada del exbanquero, María Massó, contraatacó diciendo que la causa era un “castillo de naipes” que se derrumbaría con apenas unos “soplidos” y se remontó al Imperio Romano con una cita de Quintiliano. “Una cita que decía que es más fácil hacer heridas que curarlas y que debemos ser modestos en nuestros juicios para no caer en el común error de condenar lo que no entendemos”, sentenció.

El tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid será ahora el encargado de determinar quién tiene razón. En su larga exposición, la fiscal se afanó en hacer un detallado retrato del hombre al que algunos sectores señalaron durante años como el artífice del milagro económico español. En contraposición a esa figura, la fiscal definió a Rato como un “señor acostumbrado a mandar”, con “extraordinario poder”, pero que hizo del blanqueo y la ocultación de fondos un “modus operandi” y que ahora se presenta ante la Justicia como un “apátrida fiscal” para evitar la alta condena a la que se expone.

La Fiscalía reclama para él más de sesenta años de cárcel por defraudar supuestamente más de 8,5 millones de euros y por los presuntos sobornos que cobró cuando era presidente de Bankia. Le atribuye 11 delitos fiscales y delitos de blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. La actividad delictiva que lo ha llevado al banquillo por tercera vez se habría iniciado en 1999, cuando era ministro y vicepresidente, y habría seguido desarrollándose cuando fue presidente del FMI, de Caja Madrid y de Bankia. Rato ya fue condenado por el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid y resultó absuelto del fiasco de la salida a bolsa de Bankia.

“Apátrida fiscal”

En esas tres sesiones, la representante de la Fiscalía Anticorrupción trató de apuntalar los indicios reunidos contra Rato en más de siete años de una compleja instrucción, en los que se llegaron a acumular más de 70.000 documentos. El grueso de la investigación se refiere al supuesto fraude fiscal que habría efectuado en una doble vía. Por un lado, ocultando “bolsas patrimoniales en el exterior” que eran “desconocidas para la Hacienda española”. Y, por otro, facturando a través de “sociedades instrumentales” servicios que prestaba de manera personal, como su contratación como consejero asesor en Telefónica o la realización de conferencias tras su regreso a España tras haber dirigido el FMI, del que fue máximo responsable entre junio de 2004 y noviembre de 2007. De esa forma, dice la acusación, evitaba que se “disparara” la tributación. 

Uno de los elementos clave en este punto es determinar dónde tenía Rato fijada su residencia fiscal cuando era director gerente del FMI. La Fiscalía le atribuye delitos fiscales en los ejercicios de 2005, 2006 y 2007, que declaró en España pero omitiendo parte de su patrimonio, y en los que habría defraudado casi 2,5 millones de euros. En su intervención, la fiscal afirmó que aunque residía en Washington, su domicilio fiscal estaba en España. “Se está pretendiendo que era un apátrida fiscal”, llegó a decir. 

En respuesta, la abogada del exbanquero dijo que este era uno de los “soplidos” que podría tumbar el “castillo de naipes” levantado contra Rato. Según Massó, no podía ser residente en España “con arreglo a la normativa española”, lo que supone que en esos ejercicios no hubo fraude. “Si eso es así, no habría cuota defraudada hasta julio de 2010, y por tanto no hay cuota que blanquear ni conexidad”, apostilló. Y añadió que, en consecuencia, decaería la “monstruosa acusación” contra su cliente. 

Las “refinadas técnicas de blanqueo”

Sin embargo, la Fiscalía insiste en que todas las cantidades ocultas a Hacienda fueron objeto de “hasta ocho refinadas técnicas de blanqueo” a través de “cuentas opacas” y “trust” financieros no menos opacos. Todo, según la representante del Ministerio Público, con el objetivo de “romper el rastro del origen del dinero”. Entre esas herramientas está el llamado “crédito lombardo”, que “consiste en obtener un préstamo con la única garantía de los activos financieros”, explicó Lorente. 

Otras de las vías de blanqueo habrían sido la supuesta puesta en marcha de un hotel en Berlín o las “millonarias ampliaciones de capital” de algunas de sus empresas. “Fue una actividad llevada a cabo durante años que denota una actuación blanqueadora de un modo indubitado, prácticamente como un modus operandi”, dijo tajante la fiscal. 

La tercera pata de la causa son las supuestas irregularidades de la etapa de Rato en Bankia, a cuya presidencia llegó en 2010 en medio de una lucha de poder entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, que prefería para ese puesto a Ignacio González. Rato ocupó ese cargo hasta mayo de 2012. La Fiscalía sostiene que sabiendo que los gastos de publicidad con motivo de la expansión de la marca y su salida a bolsa iban a ser elevados, Rato trató de “sacar provecho económico personal”. 

Para ello, explicó Lorente, se rodeó de sus colaboradores más fieles, que conformaron lo que la fiscal definió como un auténtico “grupo de presión” en la entidad. Según cálculos del Ministerio Público, el expolítico y exbanquero se embolsó 835.025 euros en comisiones por mediar para que las agencias Publicis y Zenith se hicieran con contratos publicitarios de Bankia en 2011 y 2012 valorados en unos 50 millones de euros. La abogada del exministro defendió que no existió “ninguna irregularidad” en ese proceso.

La Fiscalía también destaca la colaboración “particularmente relevante” que en las operaciones fraudulentas de Rato habrían tenido su excuñado Santiago Alarcó y el asesor fiscal Domingo Plazas. El primero está señalado por supuestamente manejar sus cuentas en el extranjero y gestionar las estructuras societarias que “servían” a sus intereses. Plazas que, por su parte, gestionaba la sociedad Kradonara, considerada la pieza principal de los negocios del exministro; y organizaba la “repatriación” de parte de las cantidades. Es la misma sociedad que, según la acusación, usó para cobrar el dinero de las mordidas por la publicidad de Bankia. 

Esta investigación se inició después de conocerse que Rato se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Ante el tribunal, Rato reconoció que se había “equivocado” al acogerse a esa medida, pues pensó por error que era “el camino más fácil” para aflorar los fondos que tenía en tres sociedades en el extranjero. En su informe, la fiscal insistió en que “lejos de haber regularizado [fondos] ni administrativa ni, menos aún, penalmente” utilizó esa medida “como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacía años”. Su defensa, sin embargo, insistió en que, de esa forma, había “borrado el delito”. La última palabra la tendrán los jueces que durante los últimos cuatro meses han escuchado a las acusaciones, los acusados y las decenas de testigos que han comparecido ante el tribunal. "               (Elena Herrera, eldiario.es, 11/05/24)

Manos Limpias: génesis de la querella como arma política de la ultraderecha

 "Ruiz-Mateos fue pionero en presentar demandas y personarse como acusación particular en causas judiciales sobre la corrupción del PSOE. Manos Limpias y Miguel Ángel Rodríguez, como portavoz en el Gobierno de Aznar, sofisticaron el ‘modus operandi’ de las cloacas del Estado mediante bulos vertidos desde “pseudomedios” digitales.

La querella como herramienta política está instigada desde las facciones más ultraderechistas situadas en los márgenes del bipartidismo. Casi siempre se ejerce apelando a la supuesta corrupción de cualquiera que amenace la unidad de la patria. Es básicamente una de las patas de El Estado feroz, como lo describe Pablo Elorduy en un libro de próxima publicación, que se mueve entre el ultracatolicismo y el falangismo, personándose contra la alternativa progresista a través de jueces neoconservadores afines. Además, cuenta con medios de comunicación digitales propios que publican las informaciones sostenidas después desde distintas organizaciones, algunas de ellas incluso se presentan con banderas contra la corrupción, para iniciar casos contra adversarios políticos.

Este modus operandi comenzó a finales de los años 80, después de una de las intentonas de la ultraderecha española para formar un partido político fuera de lo que ahora conocemos como PP. Entre los ideólogos de este movimiento estaban dos nombres que trataron de capitalizar el descontento del imaginario social más reaccionario con el proceso de reforma del Régimen.

De un lado, Miguel Bernad, fundador del ahora conocido como ‘pseudosindicato’ Manos Limpias, exmiembro del otrora ‘sindicato’ Fuerza Nacional del Trabajo, y entonces secretario general del Frente Nacional. Si bien este fue disuelto en 1993, el primero sigue en activo y actualmente está estudiando transformar su denuncia contra Begoña Gómez en querella para estar personados en la causa contra la mujer del presidente del Gobierno.

De otro, Jesús Gil, cuya condena por estafa se extinguió en 2004, por fallecimiento. El entonces edil en Marbella y presidente del Atlético de Madrid estaba conspirando para crear un partido político con el fundador del grupo empresarial Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, cuyos seis hijos se enfrentan a día de hoy a 16 años de prisión por estafar a miles de inversores con la emisión de pagarés. El nuevo partido también iba a contar con el apoyo del industrial vasco Luis Olarra, que en los 70 participó en Unión Foral del País Vasco (UFV), una coalición que integró a Manuel Fraga Iribarne y Jaime Mayor Oreja.

La periodista Gloria Benítez escribió en Cambio 16 que a todos les unía “una desconfianza radical en los valores de la democracia”, si bien su comunión se torció cuando Olarra abandonó la idea. El resto de personajes acudieron a las elecciones por separado, cada uno bajo su propia sigla: Grupo Independiente Liberal y Agrupación Ruiz-Mateos. El propio Bernad se lamentaba en 1989 del fracaso de esta iniciativa política, señalando sobre la candidatura de Ruiz-Mateos que “200.000 de sus votos eran, en realidad, nuestros”.

Con las formaciones políticas de extrema derecha en horas bajas, algunos de los jugadores más trileros, como Ruiz-Mateos, siguieron otra década intentando erosionar a sus enemigos políticos, el Gobierno del PSOE, a través de información judicial recabada desde los propios juzgados y filtrada a los medios. Entre las figuras que participaron en estos procesos destacó un abogado de las cloacas del Estado, Emilio Rodríguez Menéndez, abogado de los policías imputados por el “caso Nani” en el juicio que comenzó a finales de los 80.

MAR y las cloacas del Estado

Tras el asalto al poder del autodenominado centro-derecha liberal, el PP comenzó a sofisticar la utilización de la querella como arma política. De hecho, el Secretario de Estado de Comunicaciones y portavoz del Gobierno de Aznar (1996-1998), Miguel Ángel Rodríguez, más conocido por MAR, y el autodenominado Sindicatos de Funcionarios Manos Limpias, creado en abril de 1995, iniciaron una campaña de desgaste contra el PSOE utilizando la desinformación y la querella judicial como herramienta política. Eran tiempos en los que desde la portavocía del Gobierno de José María Aznar, el ahora asesor de Isabel Díaz Ayuso llegó a amenazar al PSOE con desclasificar papeles del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID) y con difundir información sobre los Fondos Reservados.

Paralelamente, Miguel Ángel Rodríguez estaba alimentando, con sus declaraciones en Moncloa y ante los medios de comunicación, una campaña judicial y mediática contra la gestión de los responsables de Hacienda del anterior Gobierno socialista, encabezado por Felipe González. Esta se centró en poner bajo sospecha una iniciativa de 1991, promovida por el entonces ministro de Economía Carlos Solchaga, para regularizar dinero negro de evasores que El País denominó como “caso Amnistía Fiscal”. Así, el PP, sofisticando el modus operandi de Ruiz-Mateos y Rodríguez Menéndez, denunciaba un presunto trato de favor a determinados contribuyentes. Pero el recorrido judicial de la denuncia concluyó con una sentencia del Tribunal Supremo en febrero de 1996.

Pero a raíz de una nueva denuncia del sindicato Manos Limpias, la Fiscalía General del Estado ordenó a la Fiscalía Anticorrupción que abriera diligencias de investigación para esclarecer los hechos. Estas fueron remitidas al juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional, encabezado por Baltasar Garzón tras la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción interpuesta por el pionero de la querella como arma política, Ruiz Mateos. Finalmente, el exsecretario de Estado rechazó la personación en el “caso Amnistía Fiscal” de Ruiz-Mateos, así como la de Manos Limpias, y archivó finalmente la causa en diciembre de 1997. 

Caso Roldán del PSOE

Aún podría mencionarse otro precedente en la sofisticación de la querella como estrategia política. En 1995, coincidiendo con la constitución del sindicato Manos Limpias, la Audiencia de Madrid desestimó el recurso de Unión del Pueblo Navarro (UPN), el partido que gobernaba en la Comunidad Foral, contra su personación en el caso que involucraba, en una trama de comisiones ilegales, al anterior director de la Guardia Civil, Luis Roldán, así como al expresidente del Gobierno navarro Gabriel Urralburu, a su vez secretario general del Partido Socialista Navarro.

Aunque UPN intentó personarse en el sumario de “la trama navarra del caso Roldán” como acusación particular, finalmente el juzgado nacional instó al partido político que concurría electoralmente con el PP a ejercitar la acción popular a través de Ruiz-Mateos, ya personado en la causa.

En el “caso Roldán” también estaba intentando personarse el abogado Emilio Rodríguez Menéndez, lo hacía en nombre de la Asociación de Estudios Penales, la misma organización con la que el abogado se había querellado por tráfico de influencias contra el hermano del vicepresidente socialista Alfonso Guerra en 1990 y con la que consiguió personarse años más tarde en el juicio por la malversación de los Fondos Reservados

Rodríguez Menéndez llegó a ser director de Ya, revista relacionada con la difusión del vídeo sexual del director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, y fundador del medio Dígame, donde acusó de pedófilo al periodista Fernando Jáuregui. Al igual que el Ruiz-Mateos, el abogado Rodríguez Menéndez utilizaba las personaciones en macro-jucios para sacar información que bien filtraban a los medios o utilizaban para tratar de chantajear. En las siguientes décadas, la implicación de los medios en la estrategia de la querella como arma política ha enfangado aún más las decisiones judiciales y pervertido la profesión del periodista. (...)

Hasta entonces, la guerra sucia en el frente mediático se había centrado en las filtraciones procedentes de espías como Juan Alberto Perote, del fuego amigo del exbanquero Mario Conde, y de los intereses lucrativos de empresarios como Javier De La Rosa, por citar algunos casos sonados. En los últimos años, las filtraciones han cambiando ligeramente, teniendo como epicentro al excomisario José Manuel Villarejo, y han estado acompañadas del fuego aliado del extesorero Luis Bárcenas, así como de los intereses corporativos del empresario Juan Villalonga, por señalar algunos actores importantes de un estilo que se mantiene en el tiempo. Y han coincidido con los prolegómenos de la creación del partido ultraderechista VOX.

De aquellos polvos estos lodos. Mientras, junto a la Cope y Trece TV como mecanismos de esparcimiento de bulos, se desplegaban, dirigidos por el empresario navarro y exmiembro del PP catalán Julio Ariza, otros pseudomedios digitales como Radio Intereconomía, Toro TV y La Gaceta. Tas décadas de monopolio comunicativo y varios cierres judiciales de periódicos y revistas, comenzó a proliferar la amenaza de la desinformación con la creación de otros digitales como Ok Diario, Vozpópuli, The Objective, El Debate, El Cierre Digital, EDATV o 7NN. Todo ello mientras periodistas de Ahotsa, Argia y Hala Bedi eran víctimas de la Ley Mordaza. (...)

El rol de las asociaciones contra la corrupción

Sea como fuere, en los intentos de movilizar la querella como técnica de la ultraderecha ha tenido un papel fundamental el asociacionismo en la lucha contra la corrupción. A principios de los 90, la querella que desembocó en la investigación por el “caso Filesa”, ligado a la financiación del PSOE, fue obra de la Asociación contra la Injusticia y la Corrupción (AINCO), promocionada por Pedro J. Ramírez. En 2018, siguiendo el ejemplo de Manos Limpias, se creó la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP). Tras ser promocionada por Javier Negre y Alvise Pérez en distintos espacios mediáticos, la organización pasó a especializarse en lanzar bulos. 

En cambio, las organizaciones que tenía un fin distinto al de la desinformación y la personación particular en juicios políticos corrieron una suerte distinta. Por ejemplo, la Asociación de Consumidores, Usuarios y Contribuyentes Kontuz! en el caso del saqueo de Caja Navarra, o la asociación Gidari en el caso Bidegi en Gipuzkoa. Ambas, sin ningún ánimo de lucro y tratando de velar por el bien común, sufrieron infinidad de obstáculos judiciales para poder personarse como acusaciones. Algo similar le ocurrió a la plataforma Nunca Máis, obligada a depositar una fianza de 3.000 euros para poder personarse en el “caso Prestige”.

En 2003, mucho antes de las denuncias de Podemos contra las cloacas del periodismo y contra la policía patriótica liderada por el ministro de Interior Jorge Fernández, hijo de militar navarro y casado con la hija de una raquetista de Mallabia, toda la oposición del Congreso de los Diputados en bloque criticó la orden del Fiscal General del Estado, Jesús Cardenal, de investigar a Nunca Máis por un presunto delito de estafa a raíz de la denuncia presentada por Manos Limpias.

Aunque la investigación fue archivada, la entidad ultraderechista, con la máquina de generar bulos bien engrasada, llegó a acusar a la plataforma gallega de destinar a fines políticos el dinero entregado por personas que pretendían colaborar de esta forma a reparar los daños causados por el vertido del buque Prestige.

Recordemos que antes de su nombramiento como Fiscal General en 1997, el juez Cardenal, quien junto al exsubsecretario de Justicia y exsecretario de Estado de Seguridad Ignacio Astarloa, hijo de un barítono de Mallabia y una soprano navarra, había protagonizado la tarea de ilegalizar Batasuna. Cardenal había sido profesor titular de Derecho Civil de la Facultad de Económicas de la Universidad del País Vasco, fiscal de la Audiencia Territorial de Bilbao y juez de menores de Bilbao. Allí nació precisamente el fundador del autodenominado Sindicato de Funcionarios Manos Limpias, Miguel Bernad.

Conexiones vascas

El asesor jurídico de Manos Limpias, Ramiro Grau, presentado en los mentideros como “el primer denunciante del caso Koldo“, un asunto que debe su nombre al exescolta vasco ascendido a edil socialista en Nafarroa y más tarde asesor del Gobierno español Koldo García, colabora habitualmente en “pseudomedios”, entre ellos, Alerta Digital. El citado “pesudomedio” promociona al expresidente de Falange Vasca, Santiago Fontenla, fundador de Minuto Digital y Alt News, director de Radio Cadena Española.

Fontenla está casado con la exsecretaria de Falange Vasca, Yolanda Couceiro, fichada por el PP tras liderar en Euskadi la Plataforma España y Libertad. De hecho, la Plataforma España y Libertad acompañó al PP y a Manos Limpias en distintas denuncias judiciales, como en el ”caso OPA sobre Endesa» en 2008 por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias imputados a altos cargos del Gobierno socialista encabezado por José Luis Rodríguez Zapatero.

En 2018, el xenófobo Partido por la Libertad-Manos Limpias, liderado en Euskadi por Couceiro, trató de integrarse en VOX, formación política que ejerció la acusación en el juicio del 1-O catalán, dirigida por un exedil de Laudio, exjuntero alavés y exparlamentario vasco, Santiago Abascal. El de Amurrio fue miembro del PP, al igual que un correligionario suyo en VOX, el exfalangista Jorge Buxadé.

Asimismo, la constitución de VOX no podría entenderse sin María San Gil, expresidenta del PP vasco que hizo de celestina entre Abascal y el exfalangista Javier Ortega Smith, ni sin Vidal-Quadras, expresidente del PP catalán y cuyo hijo llegó a ser consejero de la productora de televisión vasca 3 Koma. (...)"                  (Ahoztar Zelaieta  , El Salto, 06/05/24)

El líder de la Mocro Mafia, que amenazó de muerte a la heredera de Holanda, se fuga de España por, ¿corrupción de jueces?... Fianza de 50.000 euros y una orden europea parada en la Audiencia Nacional... La Audiencia Provincial de Málaga acordó su puesta en libertad provisional: admitieron que había riesgo de fuga, pero creyeron que bastaba con retirarle el pasaporte e imponerle una exigua fianza

 "Karim Bouyakhrichan, presunto cabecilla de la Mocro Mafia holandesa, se ha esfumado ante la vista de las autoridades españolas aprovechando el momento: justo cuando los dos juzgados que tenían algo que decir le concedieron una libertad cautelar.

La Audiencia Provincial de Málaga acordó el pasado febrero ponerle en libertad porque, a pesar de que creía que había riesgo de que se fugase, concluyó que no era necesario mantenerlo en prisión y que ese riesgo se eliminaba con una fianza de 50.000 euros, la retirada de su pasaporte, su comparecencia ante el juzgado cada quince días y la aportación de un “teléfono de contacto directo”.

En paralelo, la orden europea de detención, que tramitaba la Audiencia Nacional a petición de Países Bajos, había quedado sin efecto porque los juzgados de Marbella reclamaban poder juzgarlo, según explican fuentes de la Audiencia Nacional. La orden fue ampliada posteriormente, pero cuando el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno quiso citarlo, Bouyakhrichan ya no respondió. Había aprovechado el ínterin en el que había quedado en libertad por los dos casos (el de Marbella y el de la Audiencia Nacional) para desaparecer.

“El delincuente más peligroso de Países Bajos”

Karim Bouyakhrichan, a quien en enero se le embargaron propiedades y saldos bancarios millonarios, está reclamado en Países Bajos por liderar una vasta red presuntamente dedicada al narcotráfico, a la que también se vincula con asesinatos, secuestros, extorsiones y una manera de conducirse particularmente violenta que no se detiene ante nadie, lo que incluiría amenazas directas a la princesa Amalia de Orange y al primer ministro Mark Rutte. Estas amenazas motivaron la adopción de medidas especiales de seguridad para protegerlos.

Cuando fue capturado en Marbella, el 9 de enero, la Policía Nacional dio una rueda de prensa y destacó su perfil como el del “delincuente más buscado y peligroso de Países Bajos”. La operación asestó un duro golpe a la Mocro Mafia en la Costa del Sol y supuso el bloqueo de 172 propiedades valoradas en 50 millones de euros, además de casi tres millones en cuentas bancarias.

Transcurridos 22 días desde la última vez que firmó ante un juzgado en España, su fuga se da por segura, como demostraría el hecho de que la Audiencia Nacional haya reactivado la orden de busca y captura contra él. Esto provocó este martes un buen puñado de reacciones, de la incredulidad a la frustración, por haber dejado escapar a una valiosa pieza criminal. “Es una noticia preocupante”, admitió el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. La Fiscalía holandesa mostró su “extrañeza” por la decisión judicial de dejarlo en libertad.

La Fiscalía se opuso a su libertad en Málaga

En el origen de su puesta en libertad está un auto, dictado por la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Málaga el 22 de febrero de 2024, contra el criterio del juzgado de instrucción 4 de Marbella y la Fiscalía. La Audiencia Provincial debía pronunciarse contra un recurso interpuesto por Bouyakhrichan contra la resolución del juzgado que ordenó, el 10 de enero, su ingreso en prisión provisional.

El juzgado había adoptado esa medida por su presunta participación en un delito de blanqueo de capitales cometido en España y al apreciar riesgo de fuga, según consta en el auto, al que ha tenido acceso este medio. Además, fuentes judiciales añaden que en la causa se le investiga también presuntos delitos de tráfico de drogas, organización criminal y banda armada, aunque esos tipos penales no aparecen referidos en el auto de la Audiencia Provincial.

Bouyakrichan recurrió la prisión provisional, alegando que no había indicios de criminalidad ni riesgo de fuga, y pidió que en lugar de mantenerlo en la cárcel se le impusiera alguna medida alternativa, como una fianza, la retirada del pasaporte o la prohibición de abandonar territorio nacional.

La Fiscalía se opuso, subrayando la enorme capacidad económica del investigado, su falta de arraigo efectivo en España, su nacionalidad marroquí (lo que dificultaría su posterior entrega si se evadiese a aquel país) y el interés de las autoridades holandesas en que les fuera entregado, en el curso de un procedimiento que se seguía paralelamente en la Audiencia Nacional.

“Sí existe riesgo de fuga”, pero la prisión era “desproporcionada”

En su razonamiento, los magistrados de la Audiencia Provincial dieron la razón a la Fiscalía, desestimando los argumentos de Bouyakrichan. Y afirmaron: “Finalmente hemos de decir que, en contra de lo que se alega en el recurso, sí que existe riesgo de fuga, toda vez que el recurrente es ciudadano extranjero, sin que conste que tenga bienes raíces en España”.

Desmontaban así la coartada del supuesto domicilio de su esposa, pues esta vive en Dubai habitualmente y solo visita Marbella esporádicamente. “A ello ha de sumarse que el tipo básico del delito de blanqueo de capitales (art. 301.1 del Código Penal) prevé pena de hasta seis años de prisión. Todo lo que revela la existencia de ese riesgo de fuga”, concluía el razonamiento.

Sin embargo, los magistrados concluyeron que imponer la prisión provisional incumplía el requisito de proporcionalidad que se exige a toda medida cautelar, y que el riesgo de fuga quedaba solventado con “medidas menos gravosas”, que son las que finalmente se establecieron para acompañar la puesta en libertad: una fianza de 50.000 euros (una cuantía exigua para el orden de magnitud de las propiedades que se le atribuyen); la retirada del pasaporte (con prohibición de salida del territorio nacional); la designación de domicilio y el deber de facilitar un teléfono de contacto directo; y la obligación apud acta de comparecer “ante el Juzgado de su domicilio, o el que instruya o conozca de la causa cada quince días”.

Desde entonces, ha estado firmando “fuera de Marbella”, según fuentes judiciales, que no aclaran desde dónde. Estas comparecencias se notificaban al juzgado 4 de Marbella “unos días después”, según estas fuentes, que aseguran que “es legal firmar desde el juzgado que quiera”, y que se hace de forma habitual. El artículo 530 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece los siguiente: “El investigado o encausado que hubiere de estar en libertad provisional, con o sin fianza, constituirá apud acta obligación de comparecer en los días que le fueren señalados en el auto respectivo, y además cuantas veces fuere llamado ante el juez o tribunal que conozca de la causa”.

La última firma recibida tenía fecha del 1 de abril. Después, ya no acudió a la que correspondería al día 15. “Aún puede llegar la notificación desde el lugar donde lo haya hecho”, dicen fuentes judiciales, aunque todo el mundo da ya por perdida la pista del jefe de la Mocro Mafia."               (Néstor Cenizo / Pedro Águeda , eldiario.es, 23/04/24) 

 

"El líder de la Mocro Mafia, que amenazó de muerte a la heredera de Holanda, se fuga de España por una descoordinación judicial.

 Karim Bouyakhrichan, presunto líder de la llamada 'Mocro Mafia' de Países Bajos está en busca y captura tras haberse fugado de España por culpa de una descoordinación judicial. El sospechoso, un “objetivo prioritario” de las fuerzas de seguridad, fue arrestado en enero pasado en una redada policial en España. La operación causó gran repercusión en Países Bajos, porque Bouyakhrichan habría amenazado con secuestrar y asesinar a la heredera de la Corona holandesa, Amalia de Orange.

El pasado 22 de febrero, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga dictó la orden de libertad condicional, tras haber pagado el acusado la fianza de 50.000 euros y serle retirado el pasaporte, según ha adelantado la Cadena Ser y ha podido confirmar elDiario.es. Bouyakhrichan tenía la obligación de firmar cada 15 días en el juzgado de su lugar de residencia. La decisión desoyó el criterio de la Fiscalía, que se oponía a la puesta en libertad. La última vez que Bouyakhrichan firmó fue el pasado 1 de abril, y desde entonces se desconoce su paradero. 

 El Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado Ismael Moreno, ha emitido una Orden Europea de Detención y Entrega para intentar dar con el acusado. Se de la circunstancia de que en el momento de la puesta en libertad del sospechoso la Audiencia Nacional estaba tramitando la solicitud de extradición que había realizado Países Bajos. Según informa la Cadena SER, el juez Moreno decidió citar a Bouyakhrichan, a través de su abogado, para comunicarle su extradición; pero tampoco le impuso ninguna medida cautelar suplementaria a las arbitradas por la Audiencia de Málaga.

“Aún puede llegar la notificación”

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consultadas por este periódico reconocen que Bouyakhrichan tenía que haber firmado en el juzgado el pasado día 15 de abril y argumentan que “aún puede llegar la notificación desde el lugar donde lo haya hecho”. Justifican la puesta en libertad provisional por el tipo de delitos de los que se le acusaba: “En Andalucía tiene una causa por blanqueo, tráfico de drogas, organización criminal y banda armada. Y la Audiencia de Málaga acordó su puesta en libertad con medidas cautelares”.

“Ha estado firmando fuera de Marbella y se notificaban al Juzgado cuatro de Marbella unos días después. La última firma recibida correspondió a la de uno de abril”, señalan las fuentes. Según informa la SER, el juez de enlace holandés mantuvo una reunión con el magistrado Ismael Moreno para trasmitirle su preocupación ante la puesta en libertad del sospechoso.

Tras cinco años de pesquisas, la detención en enero de uno de los delincuentes más peligrosos y más buscados en Países Bajos, mereció una rueda de prensa de la Policía Nacional en el complejo policial de Canillas (Madrid). La operación asestó un duro golpe a la Mocro Mafia en la Costa del Sol y supuso el bloqueo de 172 propiedades valoradas en 50 millones de euros, además de casi tres millones en cuentas bancarias.

Amenazas a la heredera al trono holandés

En septiembre de 2021, los servicios de seguridad holandeses habían lanzado una alerta al considerar que el primer ministro Mark Rutte estaba amenazado por la Mocro Mafia.

Asimismo, la princesa heredera Catalina-Amalia había sido rodeada de fuertes medidas de seguridad tras las amenazas de secuestro vinculadas a ese grupo. De hecho, Amalia de Orange se trasladó a vivir a España por razones de seguridad el año 2023. En Madrid, manteniendo un perfil bajo en la esfera social, continuó sus estudios a distancia. En la reciente visita de estado de los reyes de España a Países Bajos, el rey Guillermo de Holanda agradeció a Felipe VI y a la reina Letizia el apoyo prestado.

Qué es la 'Mocro Mafia'

La organización criminal conocida como 'Mocro Mafia' está formada por grupos de asesinos a sueldo y narcotraficantes criados en barriadas humildes de Bélgica, Países Bajos y también países nórdicos (singularmente Suecia). Sus ancestros, progenitores y abuelos, suelen provenir de países del Magreb, de ahí la controvertida denominación de 'Mocro Mafia' (de Morocco/Marruecos). De Marruecos procede el hachís que introducen en Europa, pero también funcionan como correa de distribución de la cocaína procedente de Latinoamérica. Su forma de actuar es extremadamente violenta.

En España, su presencia es notoria en la Costa del Sol, donde almacenan la mercancía y la redistribuyen, y donde han levantado una estructura de inversión y blanqueo –singularmente en el sector inmobiliario– de las ganancias derivadas de su actividad."         (eldiario.es, 23/04/24)

"La “organización criminal” del marido y el hijastro de la alcaldesa de Marbella es una filial de la ‘Mocro Mafia’ que sacude Suecia.

Dos importantes miembros de la mafia sueca, asentados en España para enviar la droga al norte de Europa, eran los contactos directos con Joakim Broberg, el hijastro de Muñoz, a quien habría ayudado su padre en el blanqueo del dinero del narcotráfico.

A los agentes de la unidad antidroga de la Policía les empezó a extrañar la presencia habitual de un empresario del sector tecnológico e inmobiliario, de nacionalidad sueca y asentado en la Costa del Sol, en aquellas reuniones que vigilaban a distancia. Era el invierno de 2019 y los policías, alertados por sus colegas de Suecia, seguían la pista en España a algunos jefes de las bandas dedicadas al tráfico de droga y los asesinatos por encargo en ese país. El empresario resultó ser Joakim Peter Broberg, hijo del próspero constructor Lars Gunnar Sunne, marido de la alcaldesa de Marbella. Joakim había pasado a integrar la ‘Mocro Mafia’, el fenómeno delictivo que ha puesto en jaque al Estado sueco por su empleo despiadado de la violencia.

Con un muerto a la semana en tiroteos en un país que no alcanza los 10,5 millones de habitantes, la actividad del crimen organizado ocupó buena parte de la última campaña electoral en Suecia. El país emblema de la socialdemocracia europea cambió finalmente el signo de su gobierno por otro conservador, que gobierna con el apoyo de una ultraderecha que obtuvo el 20% de los votos.

Las bandas de sicarios y narcotraficantes formadas por suecos de segunda generación que crecieron en guetos son capaces de atacar a sus rivales con granadas y rifles de asalto a plena luz del día. El apelativo de ‘Mocro’ hace referencia al origen de los progenitores o abuelos de los miembros de las mafias (Morocco/Marruecos), país del que procede el hachís y la marihuana que venden en Suecia y otros países del norte de Europa.

El término Mocro Mafia se acuñó en Países Bajos, donde el fenómeno es aún más grave. Recientemente se ha reforzado la seguridad de la heredera al trono holandés, Amalia, y del primer ministro, Mark Rutte, al descubrirse seguimientos del crimen organizado.

La Costa del Sol se convierte en lugar de almacenaje y paso, pero también en destino de sus ganancias. Es aquí donde entra en juego Joakim Broberg, el hijastro de la alcaldesa de Marbella, al frente de una amplia madeja de sociedades en la zona y territorios off-shore, ideales para el blanqueo de las ganancias del narcotráfico. 

Según el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, Joakim pertenece presuntamente a una trama en la que participan activos miembros de la ‘Mocro Mafia’. Lo hace en labores de traslado de la droga y de blanqueo de capitales, actividad ésta última en la que también habría participado con sus empresas Lars Gunnar Sunne Broberg, el octogenario marido de la senadora y alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. A padre e hijo, el juez y la Fiscalía Antidroga les atribuyen pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. A Joakim le suman el delito de narcotráfico. 

Barcelona, 14 de septiembre de 2018. Los policías que conducen un coche camuflado tienen que desistir del seguimiento que llevan haciendo desde por la mañana a los tres ciudadanos suecos que han aterrizado a primera hora en el aeropuerto de El Prat. Hay demasiado tráfico y el Ferrari 458 Italia de color rojo se pierde tras salir del parking de Pau Claris. 

Los policías suecos han escrito sobre uno de los ocupantes del Ferrrari rojo: “Chihab Lamouri es un conocedor narcotraficante que proviene de un suburbio en Estocolmo, Varby Gard, al que se le atribuye la venta de grandes partidas de droga. Igualmente se le conoce su participación en varios de los graves conflictos violentos que están sucediendo en Estocolmo”. En ese momento, a Lamouri se le atribuían tres asesinatos y la distribución de cocaína y marihuana en los suburbios de Estocolmo a través de chicos, “algunos tan jóvenes como 15 años”. En estos momentos, Lamouri cumple una condena de 17 años y 10 meses en una cárcel sueca. 

Tánger, 5 de Febrero de 2019. En el ferry que une Tarifa con el puerto marroquí han partido, en distintos horarios pero el mismo día, dos grupos de amigos. La Udyco cree que se trata de una reunión de alto nivel para el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales.

Uno de los grupos está liderado por Joakim Broberg, que va acompañado de un delincuente común de la Costa del Sol, y uno de los personajes clave de la trama. Se trata de Anders Nilsson, sueco asentado también la Costa del Sol que ejerce de vínculo, junto a Ahmed Cinkitas, entre Broberg y la ‘Mocro Mafia’ asentada en Suecia. Cinkitas era una de los acompañantes del jefe Lamouri en su visita a Barcelona, donde reside.

La Guardia Civil ya había detectado los primeros contactos entre el hijastro de la alcaldesa de Marbella y los dos suecos asentados en España en 2017 y 2018. En el otro grupo que viajaba a Tánger aquel día está Yassin McHater, considerado por la Policía sueca como el jefe de logística de la organización, responsable del traslado y escondite de la droga que procede de Marruecos, pasa por Andalucía y acaba en Suecia. El grupo de McHater detecta aquel día el dispositivo de geolocalización que la Policía había colocado en su vehículo. 

Marbella, 29 de mayo de 2019. Las reuniones en las que participaba Joakim Broberg llevaron a la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco) a solicitar la intervención telefónica del empresario. La sorpresa fue que el hijastro de la alcaldesa presumía del poder del Partido Popular en Marbella, en las localidades limítrofes de la Costa del Sol y hasta en el Gobierno autonómico, así como de los beneficios que le reportaba, por ejemplo en permisos para construir. 

“Básicamente, tenemos la jodida Andalucía”, dijo por teléfono Joakim tres días después de las elecciones municipales de 2019, en las que el PP había arrasado en Estepona, Benahavís (donde su padre y madrastra tienen una mansión de 12 millones de euros), y en la propia Marbella. “El Calvo y los tres técnicos que nos dieron nuestra licencia están sentados aquí. ¿Te acuerdas? Es un poco el jefe allí. No es el alcalde pero es el jefe de los cambios técnicos en cuanto a licencias”, dice Brobert. Y añade: “Han ganado, mayoría absoluta”.

Los agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal dirigieron al Juzgado Central de Instrucción número 6 un informe en julio de 2019 en el que concluían: “A tenor de la interceptación telefónica, Joamim Broberg estaría utilizando las importantes influencias de que dispone en beneficio propio, respecto de los ayuntamientos en los que efectúa su actividad en colaboración con su socio Mark Holmen, pudiendo estar perpetrando delitos relacionados con la corrupción”. 

Ni el que en ese momento era el juez del caso, Alejandro Abascal, ni la Fiscalía Antidroga consideraron que eran indicios suficientes para abrir una pieza separada o deducir testimonio a otro juzgado por delitos de prevaricación y malversación, como les había pedido la Brigada Anticorrupción de la Policía. Esa incipiente línea de investigación quedó abortada, como queda de manifiesto en el sumario, donde no vuelve a haber alusiones a la presunta corrupción.

Estocolmo, 17 de noviembre de 2021. El Tribunal del distrito de Södertörn informa de las penas en un gran juicio contra una de las redes de la Mocro Mafia. Chihab Lamouri, el capo que fue detectado por la Policía en Barcelona, en compañía de los enlaces con Joakim Broberg, es condenado a 17 años y 10 meses de cárcel.

El juicio es muy mediático y no solo por Lamouri. Yasin Mahamoud, conocido artísticamente como Yasin, es un rapero muy popular en Suecia, incluso había sido designado artista del año. En el mismo proceso que el de Lamouri fue condenado a 10 meses de cárcel por participar en el plan para secuestrar a un músico rival. 

Anders Nilsson o Ahmed Cinkitas fueron detenidos en España y están procesados en la misma causa de la Audiencia Nacional que que Joakim y Lars Gunnar Broberg. La detención del octogenario empresario se produjo en febrero de 2021 en Marbella. Su hijo, que se encontraba en Brasil, fue arrestado en ese país, extraditado y estuvo nueve meses en prisión provisional en España. Este mes mes de noviembre el juez actual del caso, Manuel García Castellón, ha citado a los investigados para comunicarles el auto de procesamiento y tomarles declaración. "             (Pedro Águeda, eldiario.es, 30/10/22)

La familia de Zaplana impulsa el mayor pelotazo urbanístico de Benidorm

 "Más de medio millón de metros cuadrados y una veintena de hoteles. Es el pelotazo urbanístico que impulsa la familia de Eduardo Zaplana, el expresidente valenciano que se sienta estas semanas en el banquillo de los acusados en el juicio del 'caso Erial' junto con su sucesor en el Palau de la Generalitat, José Luis Olivas. El pleno del Ayuntamiento de Benidorm, gobernado por el popular Toni Pérez, aprobó el pasado 27 de marzo, con los votos del PP en solitario, el último trámite del Plan Parcial Ensanche Levante, el gran sector pendiente de urbanizar de la ciudad turística y uno de los más grandes de la Comunitat Valenciana, con 575.371 metros cuadrados de suelo y la previsión de construir más de 3.000 pisos —la mitad, viviendas turísticas— y 20 hoteles. 

 En la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) que impulsa el proyecto figura la familia del expresidente de la Generalitat Valenciana, conocidos empresarios en Benidorm. La AIU tiene su domicilio social en el Hotel Les Dunes de la localidad, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es. Se trata de la joya de la corona de los suegros de Zaplana, empresarios hoteleros de Benidorm.

El mítico hotel de cuatro estrellas pasó a manos de María Dolores Martorell Llorca, viuda del empresario Miguel Barceló, tras el fallecimiento de éste ultimo en 2018. El empresario hotelero, padre de Rosa Barceló, fue senador del PP por la provincia de Alicante entre 1986 y 2008 y se erigió en uno de los principales impulsores de la carrera política de su yerno, Eduardo Zaplana. También apadrinó la trayectoria política de su sobrino, Francisco Murcia Barceló, diputado en el Congreso durante cinco legislaturas, y de su nieto, Agustín Almodóbar Barceló, sucesor en el escaño del empresario del Senado.

Promociones Les Dunes SL, la sociedad que controla el icónico hotel situado en primera línea de playa, amplió hace un cuarto de siglo su objeto social para incluir la tenencia y adquisición de toda clase de solares y terrenos, la ejecución de toda clase de obras de edificación, agrupación, segregación y compraventa de solares, de viviendas y de locales comerciales, según los datos que constan en el Registro Mercantil.

La expansión de Benidorm

El sector Ensanche Levante arrastra una compleja tramitación y cuenta con suelo urbanizable programado desde 1990. Su “vocación” es “construir la expansión de Benidorm durante las décadas de 2020 y 2030”, según indica la documentación del proyecto aportada al consistorio. Varios constructores de primera línea de la costa alicantina, como el empresario Enrique Ortiz (condenado por financiar ilegalmente al PP) o el promotor Andrés Ballester, poseen suelo en la zona.

La versión final del Plan Parcial ‘Ensanche Levante’ fue aprobada por el PP en solitario, con la abstención de Vox y el voto en contra de los ediles del PSPV-PSOE. El portavoz adjunto socialista, Sergi Castillo, aportó un informe jurídico que señala deficiencias del proyecto. Castillo lamentó que, con el cambio de uso respecto al Plan General de 1990, en lugar de ser un sector “residencial-hotelero” pasa ser “terciario-hotelero”, con una “abrumadora presencia de viviendas turísticas y hoteles”. 

Por otro lado, el autor del proyecto es el ingeniero José Ramón García Pastor, hijo del exconseller 'zaplanista' José Ramón García Antón y de la expresidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor Lillo.

José Ramón García Pastor, al frente de la empresa Cainur, además de otros trabajos en Alicante para empresas públicas, ha aterrizado en Benidorm desde que Toni Pérez es alcalde. El ingeniero firmó un informe por el que se solicitaba un modificado en las obras de construcción de una rotonda, que ascendían a 2,5 millones de euros más respecto a lo previsto inicialmente. 

Además, Cainur también es la responsable de algunos de los proyectos que desarrolla la promotora TM en la zona de Poniente, otro de los grandes frentes urbanísticos de Benidorm."         ( Lucas Marco, eldiario.es, 14/04/24)

Zapatero: "Rato renunció al FMI para velar por la autoridad del cargo y me comprometí a no informarlo públicamente... Se ha hablado de sus inversiones en tres sociedades…Y que la auditora del FMI le preguntó por ello. Hubo una razón. Punto... ¿Fue una razón poderosa? Suficiente para la responsabilidad que tenía"

 "El 27 de junio de 2007 el Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un comunicado en el que anunciaba que “Rodrigo Rato, director gerente del FMI informó hoy al Comité Ejecutivo que no podrá completar su mandato y que su intención es dejar el cargo en octubre”. También daba cuenta de que Rato había presentado una declaración sobre su decisión. Allí decía: “He tomado esta decisión por razones personales. Mis circunstancias y responsabilidades familiares, particularmente con respecto a la educación de mis hijos, son la razón por la cual dejaré mis funciones en el FMI antes de lo previsto”.

 Rato, con el apoyo del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, obtuvo el respaldo de la Comisión Europea y del presidente del Ecofin, el consejo de ministros de Finanzas, el irlandés Charlie McCreevy, quien, además, aconsejó al entonces secretario de Estado de Economía español, Luis de Guindos, que José María Aznar hablase con el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, para asegurarse la elección para el importante cargo.

 En efecto, Aznar solicitó al presidente Bush el apoyo para esa candidatura, dado el papel que España había asumido en la coalición de los voluntarios para impulsar la guerra de Irak en febrero y marzo de 2003.

 El FMI nombró a Rato el 5 de mayo de 2004 director gerente del FMI, uno de los puestos más codiciados del mundo para un economista, por un periodo de cinco años, con categoría equivalente a jefe de estado, con derecho a uso de avión privado para el ejercicio de sus funciones. Su sueldo anual era de 391.440 dólares anuales actualizado cada mes de julio por el índice de precios, y 70.070 dólares en gastos de representación, más un fondo de pensiones y una pensión vitalicia de 80.000 dólares. Todo libre de impuestos. Al renunciar, le correspondía una indemnización por una parte de su salario. Sus billetes de avión y los de su familia eran de primera clase.

Pero en el ecuador de su mandato de cinco años, sorpresa, sorpresa. Rato se marcha.

Una fuente dijo en aquellos días que José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno español, apuntó al producirse la dimisión: “Hay solo tres personas públicas que aparte de Rato conocen el motivo por el cual Rato renunció al FMI: son el primer ministro Gordon Brown, el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy y yo” .

En la entrevista con Rodríguez Zapatero del pasado jueves 4 de abril EL PERIÓDICO preguntó por la salida de Rodrigo Rato como director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2007.  Solo tres de quienes apoyaron a Rato conocen el verdadero motivo de su renuncia en 2007. Usted eres uno de ellos.

Me comprometí a no desvelar la razón públicamente y mantendré esa palabra.

Pero hubo una razón por la que dimitió. 

Hubo una razón, sí; sin duda.

Y no fue de naturaleza…. Se ha hablado de sus inversiones en tres sociedades…Y que la auditora del FMI le preguntó por ello.

Hubo una razón. Punto.

¿Fue una razón poderosa?

Suficiente para la responsabilidad que tenía. Hoy nos parecería menor. Hoy. Porque hemos conocido muchas cosas. Pero suficiente, por velar por la autoridad del cargo.

Y usted lo supo enseguida en 2007 cuando anunció que se quería dedicar a la educación de sus hijos.

Sí, claro.

Y ellos lo supieron porque respaldaron el nombramiento de Rato en 2004.

Bueno, además Gordon Brown tenía con el FMI una relación…

Fue presidente del Comité Monetario y Financiero del FMI desde 1999 hasta julio de 2007, unos días después del anuncio de dimisión de Rato.

Así es, completamente. Bueno, a mí me lo dicen porque es español, obviamente. Yo era presidente en 2004 y le había apoyado. 

Hizo llamar al Fondo a nuestro director ejecutivo a través de Pedro Solbes…

No solo eso. Recuerdo mi primera conversación en el Palacio del Elíseo con Jacques Chirac [presidente de Francia] cuando le pedí el apoyo para Rato [en el FMI] y no le gustaba nada. No le gustaba Rato. Recuerdo que Chirac tenía identificado que Rodrigo Rato era un hombre, me dijo, muy soberbio. Esto es la primera vez que lo cuento. Y yo le dije, presidente te pido, se trata de un español, y yo tengo que mojarme y hacer todo lo posible para que salga, aunque sea del PP. Esas son las reglas. `Bueno, vale, apoyaremos´dijo, pero Chirac no quería apoyar a Rato. (...)"              (Ernesto Ekaizar, El Periódico, 14/04/24)

El informe de la Guardia Civil sobre el caso Koldo, aporta más detalles sobre las conexiones de la trama corrupta con el Partido Popular: "Koldo dijo que tenía una reunión a las 10.15 horas en Génova [sede del Partido Popular en Madrid], se colige que el mismo se podría reunir con miembros del PP para tratar del referido asunto”... tratar sobre la reclamación de la Administración de Baleares contra Soluciones de Gestión, la empresa tapadera que canalizaba las mordidas

 "El informe de la Guardia Civil sobre el caso Koldo, al que ha tenido acceso Diario16, aporta más detalles sobre las conexiones de la trama corrupta, no solo con el Gobierno del PSOE, sino con el Partido Popular. Según el atestado, del análisis del extracto anterior se observa que, según Juan Carlos Cueto (uno de los empresarios implicados en el cobro de comisiones por la compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia), Koldo García (asesor del exministro José Luis Ábalos) se reuniría con terceras personas “en la sede del partido tal” para, supuestamente, tratar sobre la reclamación de la Administración de Baleares contra Soluciones de Gestión, la empresa tapadera que canalizaba las mordidas.

“Esta afirmación, unida a que Koldo dijo que tenía una reunión a las 10.15 horas en Génova [sede del Partido Popular en Madrid], se colige que el mismo se podría reunir con miembros del PP para tratar del referido asunto”, aseguran los agentes, cuyas pesquisas obran en poder del sumario del magistrado Ismael Moreno. No obstante, ambos interlocutores “no muestran mucha esperanza en que este asunto se solucione, afirmando Cueto: Estamos ya de los nervios no, lo siguiente”, de lo que se vuelve a evidenciar la preocupación del presunto comisionista por el problema de la mercantil Soluciones de Gestión.

“Al hilo de lo anterior, se informa de que por parte de esta Unidad se realizó un control de actividades sobre Koldo ese día, exponiéndose a continuación los hechos de interés en relación a los indicios desarrollados en el presente epígrafe”, asegura el informe policial. “Adicionalmente, cabe mencionar que, a instancias de esta Unidad, el día 9 de enero de 2024 el magistrado autorizó captación y grabación de las comunicaciones orales directas mediante un sistema de grabación de sonido ambiente digital en las reuniones que mantuviesen Cueto, Koldo, Aldama y Rodríguez García, entre ellos y/o con terceras personas que se produjesen desde el día 9 de enero de 2024 hasta el 15 de enero de 2024”. Con estas pesquisas se trataba de determinar si entre esos terceros había más políticos implicados.

Así las cosas, a las 08.35 horas del día 10 de enero de 2024, la Guardia Civil observó la llegada de Koldo a la estación de tren de Chamartín de Madrid. Una vez allí, el empresario Ignacio Arjona Morell le recogió en un vehículo Audi Q8”.

Posteriormente, ambos mantuvieron una reunión en la cafetería Gallofa&CO ubicada en Paseo de la Habana de Madrid, donde permanecieron reunidos desde las 09.10 hasta las 09.43 horas. Arjona ha trabajado para compañías como Sacyr y Ferrovial, que ha tenido a su cargo proyectos como la ampliación de los aeropuertos de Barajas y El Prat o la construcción de los túneles del AVE en Guadarrama o Pajares. Desde su nuevo cargo en Grupo Avintia, ha dirigido la división de Construcción e Industrial, reforzando el área e impulsando nuevas áreas de negocio como la obra civil, proyectos de infraestructuras y energía.

Además, de los audios interceptados se desprende que “son claras las advertencias de Rodríguez García a Koldo sobre no confiar en Cueto. Además, bajo este contexto, Rodríguez García afirma que Cueto ha ganado ‘20 kilos’, a juicio policial, en referencia a las ganancias obtenidas con los contratos investigados”, añade el sumario.

“Continuando con el control de actividades realizado sobre Koldo el día 10 de enero de 2024, a las 16.32 horas, el asesor de Ábalos abandonó el establecimiento La Chalana para dirigirse en la motocicleta Suzuki hasta la calle Conde de Xiquena de Madrid, y entrar junto a Pombo [Jacobo Pombo] al número 10 de la citada calle”, añade el sumario. La instrucción de la causa sitúa a Pombo –que hace años participó en actos de FAES (el laboratorio de ideas del PP) y de Nuevas Generaciones (los cachorros del partido)– como uno de los contactos de la trama Koldo. Además, el empresario cántabro preside hoy el lobby Global Youth Leadership Forum (GYLF Forum), por donde pasan personajes muy relevantes de la vida política de este país para charlas y conferencias.

Según la Guardia Civil, “cabe mencionar que, analizados los actos notariales en los que Pombo ha participado, aparece vinculado al domicilio calle Conde de Xiquena número 10 de Madrid a través de la asociación Centro de Estudios Políticos Globalización y Relaciones Internacionales (CEPGRI)”. Es decir, que los agentes han investigado a fondo a esta persona íntimamente relacionada con Génova 13. “En relación a esta asociación, en el informe sobre el análisis de la información laboral, tributaria y financiera de Koldo y su entorno se detalló que en el año 2021 se ingresaron en cuentas vinculadas al investigado la cuantía de 438,85 euros procedentes del CEPGRI”, según el sumario. Una relación cuanto menos comercial que los investigadores de la UCO de la Guardia Civil están analizando a fondo."               (Marcos López, Diario16, 10/04/24)

El sector financiero «deja escapar» el 99% de las operaciones con dinero ilícito

 "Los flujos de dinero ilícito son notoriamente difíciles de rastrear. Según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se detecta menos del 1 por ciento de los beneficios de actividades delictivas que se blanquean a través del sistema financiero. En un esfuerzo por superar esto, las autoridades han tratado de mejorar los requisitos de diligencia debida del cliente, aumentar la transparencia en torno a los vehículos legales y participar en el intercambio automático de información de cuentas bancarias para prevenir el blanqueo de capitales.  

Sin embargo, los mecanismos existentes todavía tienen muchas lagunas y no son suficientes para mapear y contrarrestar de manera efectiva los flujos ilícitos de dinero que, además, son uno de los negocios más rentables para la banca. 

La información de cuentas financieras que se intercambia de acuerdo con la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras de Estados Unidos o el Estándar Común de Información de la OCDE solo se puede usar con fines fiscales y puede no ser útil para detectar otros delitos financieros. Además, el intercambio automático de información solo cubre datos sobre ingresos anuales y saldos de cuentas, que pueden manipularse fácilmente y no permiten investigaciones de transacciones individuales.  

La lucha contra el blanqueo de capitales requiere que los organismos encargados de hacer cumplir la ley «sigan el dinero» y los datos de las transacciones financieras podrían cambiar las reglas del juego. En este punto es fundamental el potencial, las deficiencias, las opciones de reforma y la prevalencia del uso de los datos de mensajería financiera SWIFT para contrarrestar los flujos financieros ilícitos entre las fuerzas del orden europeas. agencias 

SWIFT y la lucha contra los delitos financieros 

La Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT, por sus siglas en inglés) es una asociación que, entre otras cosas, es responsable de proporcionar un sistema de mensajería global de información financiera. En 2021, más de 11.000 instituciones participaron en la red SWIFT y se enviaron más de 10.000 millones de mensajes relacionados con transacciones financieras a través de este sistema.  

El interés por acceder a los datos SWIFT para detectar y combatir los riesgos de flujos financieros ilícitos no es nuevo. Desde la década de 1990, diferentes organizaciones han pretendido acceder a esos datos, pero SWIFT se resistió. 

A pesar de esto, las autoridades gubernamentales de todo el mundo han obtenido cierto acceso a los datos de SWIFT. Estados Unidos usó datos SWIFT en su Programa de Seguimiento de Financiación del Terrorismo para mapear redes terroristas. También, EE. UU., la UE y el Reino Unido expulsaron a algunos bancos rusos de la red SWIFT en 2022 para imponer sanciones económicas contra Rusia. Los investigadores también han utilizado datos SWIFT para estimar el capital que huye de Ecuador y para estudiar el impacto de la regulación contra el blanqueo de dinero en los flujos de pago. 

Los datos SWIFT pueden ser útiles en las investigaciones financieras y la supervisión de dos maneras. En primer lugar, los organismos encargados de hacer cumplir la ley podrían acceder a lotes de transacciones SWIFT para casos específicos que están investigando, para rastrear transacciones específicas. 

En segundo término, el amplio acceso a los datos de SWIFT podría permitir análisis avanzados para identificar patrones de transacciones sospechosas, desarrollar algoritmos de riesgo y guiar los análisis de políticas. Esto podría hacerse a través de las unidades de inteligencia financiera o los organismos de supervisión contra el blanqueo de dinero en el sector financiero. 

Sin embargo, los datos SWIFT actualmente no son, o muy rara vez, utilizados directamente por las fuerzas del orden y las unidades de inteligencia financiera en la Unión Europea, debido a obstáculos como la baja calidad de los datos, la compatibilidad de los datos, la necesidad de experiencia para analizar los datos, y la incompletitud de los mismos. A pesar de esto, las autoridades encontrarían útil el acceso a los datos SWIFT tanto para análisis preventivos como para investigaciones. 

Las preocupaciones relacionadas con la incompletitud y la calidad de los datos, especialmente en relación con la capacidad de relacionar transacciones financieras con personas específicas, llaman la atención sobre la necesidad de fortalecer los estándares de mensajería y los marcos institucionales que rigen las transferencias de dinero, tanto a nivel regional como internacional."                  (José Antonio Gómez , Diario16, 07/04/24)

En dos años y medio, el viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía hasta hace tres meses, Miguel Ángel Guzmán, adjudicó a dedo contratos por valor de 43,6 millones de euros a 11 hospitales y clínicas privadas del Grupo Asisa en Andalucía, empresa por la que acaba de fichar como director médico en esta comunidad

 "En dos años y medio, el viceconsejero de Salud de la Junta de Andalucía hasta hace tres meses, Miguel Ángel Guzmán, adjudicó a dedo contratos por valor de 43,6 millones de euros a 11 hospitales y clínicas privadas del Grupo Asisa en Andalucía, empresa por la que acaba de fichar como director médico en esta comunidad.

Las adjudicaciones de emergencia para sanear las listas de espera enviando pacientes a la privada –sin publicidad ni concurrencia competitiva ni fiscalización previa– se realizaron entre enero de 2021 y junio de 2023, con la finalidad declarada de aliviar la “sobrecarga en la red propia derivada de la pandemia covid-19”, según el propio título de los expedientes. El expediente de emergencia inicial lleva la firma de Guzmán, entonces gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La última prórroga de gasto expiró siete meses antes de su cese como número dos de la consejería (el 27 de diciembre) y diez antes de fichar por Asisa.

Entre enero de 2021 y junio de 2023, la Consejería de Salud del Gobierno andaluz adjudicó a dedo 242,7 millones de euros a clínicas privadas para derivar pacientes, operaciones y pruebas diagnósticas, acogiéndose al procedimiento de emergencia de contratación habilitado por el Gobierno central para agilizar la respuesta sanitaria ante la pandemia. En total, la aseguradora que acaba de fichar a Guzmán acaparó el 17,9% de ese montante, y fue la primera o la segunda entidad que más fondos recibió en cinco de las ocho provincias andaluzas frente a otras empresas adjudicatarias.

El origen de estos contratos de emergencia, que se suscribieron con un total de 79 hospitales y clínicas privadas de Andalucía, está en el Expediente 110/2021, un Acuerdo de Emergencia de 20 de enero de 2021 firmado por el entonces director gerente del SAS (y luego viceconsejero), Miguel Ángel Guzmán. Esos contratos a dedo del SAS se prorrogaron hasta el verano del año pasado acogiéndose a un Real Decreto ley derogado dos años antes, y el Gobierno de Juan Manuel Moreno anunció su paralización en marzo de 2023, 24 horas después de que lo desvelase elDiario.es en Andalucía.

El presupuesto inicial de aquel expediente para contrataciones a dedo era de 70 millones de euros, pero fue ampliándose durante dos años y medio con prórrogas y adendas de gasto hasta alcanzar los 242,7 millones, de los cuales 43,67 millones fueron a parar a 11 hospitales privados y centros clínicos propiedad del Grupo HLA Asisa, del que hoy forma parte Guzmán como director médico responsable para toda Andalucía.

Asisa, primera y segunda adjudicataria de contratos de emergencia en cinco provincias

El desglose de adjudicaciones, según aparece en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía, es el siguiente: el hospital Santa Isabel de Sevilla, del grupo Asisa, fue la primera beneficiada de 17 empresas adjudicatarias en la provincia: recibió del SAS más de ocho millones de euros de los 42,7 millones repartidos a dedo en esta provincia entre enero de 2021 y mayo de 2023; el Hospital HLA El Ángel, de Málaga, obtuvo 8,8 millones de los 50,6 millones que se repartieron entre las empresas del sector (fue la segunda más beneficiada de 19); también en Málaga el centro Doctor Mario Gallegos recibió 142.000 euros.

En Huelva, la Clínica Los Naranjos obtuvo 10,7 millones, de los 23 millones repartidos en esta provincia (la que más ingresó de cinco empresas); al Sanatorio Cristo Rey, en Jaén, se le adjudicaron 5,75 millones de los 10,7 millones para clínicas privadas de la provincia (la primera beneficiada de dos adjudicatarias); el hospital HLA Inmaculada, de Granada, logró 1,15 millones de euros de los 21,5 millones para el sector privado en la provincia (la cuarta de ocho empresas).

El Hospital Mediterráneo, de Almería, recibió 4,2 millones a dedo, de los 14,8 millones adjudicados; la Policlínica del Poniente S.L obtuvo 20.000 euros, y la Policlínica del Levante, otros 20.000 euros. Asisa fue la segunda adjudicataria beneficiada de cuatro empresas. En la provincia de Cádiz, el Hospital Jerez Puerta del Sur, del grupo HLA en Jerez de la Frontera, recibió tres millones de los 48,3 millones repartidos en la provincia, y las Plataformas Sanitarias del Sur, del hospital La Salud, de Cádiz, 1,7 millones. Juntas son la tercera empresa por volumen de adjudicación.

La incorporación de Guzmán a la aseguradora de Asisa está prevista para los próximos días, aunque aún no es efectiva, según fuentes de la compañía, que explican a elDiario.es que han valorado su “carrera profesional en el sector sanitario, con amplia experiencia en entidades públicas y privadas”. Según una portavoz, Guzmán habría iniciado ya los trámites previstos por la Ley de Incompatibilidades. “Confiamos en que no va a haber problema alguno”, subrayan, matizando que los contratos con la administración autonómica son con la rama sanitaria del grupo: “Como grupo hospitalario lógicamente hemos tenido contratos con la Junta de Andalucía y otras administraciones”.

Incompatibilidad por ley

Su salto de la cúpula de la gestión sanitaria pública andaluza a una de las mayores aseguradoras privadas de España –con una decena de hospitales y centros clínicos en Andalucía– ha levantado una polvareda de críticas de la oposición, que acusa a Guzmán de incumplir la Ley de Incompatibilidades por haber ignorado el periodo mínimo de dos años que exige la norma para poder entrar en una empresa del sector en el que ha tenido competencias directas.

Guzmán niega que su paso de la alta dirección de la sanidad pública andaluza a una aseguradora privada, en sólo tres meses, incurra en ningún supuesto de incompatibilidad o de puertas giratorias porque Asisa no tiene en este momento ningún vínculo contractual con el Gobierno andaluz.

La citada ley, de 2005, prohíbe “el desempeño por sí o por persona interpuesta de cargos de todo orden, funciones de dirección o de representación, así como de asesoramiento y mediación de empresas o sociedades concesionarias, empresas inmobiliarias, contratistas de obras, servicios o suministros, o con participación o ayudas del sector público cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas”.

Casi 24 horas después de que saltara la noticia, el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, explicó a preguntas de los periodistas que no le constaba “el nuevo desempeño del ex viceconsejero de Salud”, más allá de “lo aparecido en prensa”, aunque el mismo Guzmán ha confirmado su contratación como directivo de Asisa.

“No nos consta que se haya incumplido ninguna norma. Vamos a recabar todo lo concerniente a esta situación y a analizarlo para adoptar las medidas que hubiera que adoptar. Totalmente en contra de cualquier tipo de puertas giratorias, por supuesto que sí, pero también en contra de que el paso por la política acabe perjudicando a aquellas personas que deciden dar el salto a la privada”, ha subrayado el portavoz de la Junta.

La Consejería de Justicia y Administración Pública es la competente para dirimir si existe incompatibilidad legal en el salto de la pública al sector privado del segundo responsable de la gestión sanitaria en Andalucía. Hasta este martes por la mañana, este departamento no había recibido consulta de Guzmán sobre si su nuevo cargo en Asisa representa un posible conflicto de intereses, aseguran desde Justicia. La consejería que dirige José Antonio Nieto va a estudiar el caso y si finalmente detecta una infracción, emitirá un dictamen desfavorable.

Tres prórrogas y el triple de presupuesto

Los contratos de emergencia iniciales que firmó Guzmán como gerente del SAS, con un periodo de ejecución de febrero a diciembre de 2021, se prorrogaron tres veces: la primera en diciembre de 2021 hasta los 125,7 millones de euros; la segunda el 21 de junio de 2022, ajustando “la nueva necesidad real de gasto” hasta los 226,7 millones; y la tercera en diciembre de 2022, ampliando el sobregasto hasta los 242,7 millones. Esta última ampliación no apareció en el perfil del contratante hasta que eldiario.es publicó las primeras informaciones sobre estos contratos, en marzo de 2023. Finalmente, la Junta acabó triplicando holgadamente el presupuesto inicial de adjudicaciones a dedo a clínicas privadas: de 70 millones iniciales a 243.

Las prórrogas fueron en paralelo a sucesivas adendas con ampliación presupuestaria hasta junio de 2023, ensanchando los beneficios de casi todas las clínicas privadas que firmaron el contrato inicial. Todas las del Grupo Asisa se beneficiaron de alguna prórroga y ampliación de presupuesto, y sus hospitales ingresaron casi 44 millones de euros por atender a los pacientes derivados de la sanidad pública.

El periodo en el que se autorizan las adendas y las prórrogas coincide con el segundo estado de alarma de la pandemia. El acuerdo de contratación inicial permitió a Salud firmar los 79 contratos con empresas sanitarias, pero el presupuesto estimado se demostró “insuficiente” a los pocos meses de aprobarse. Entre junio de 2021 y diciembre de 2022, el SAS firmó 124 adendas (98 a lo largo de 2021 y 26 más en 2022) que modificaron los contratos con las empresas adjudicatarias, elevando el montante global para ese mismo periodo hasta los 109,7 millones de euros (39 millones más que el precio establecido en la resolución de contratación: un 56,7% más de lo inicialmente previsto), según consta en la relación de contratos y adendas publicada en el Portal de Transparencia de la Junta.

De la privada al Gobierno de Rajoy

Miguel Ángel Guzmán es especialista en Medicina del Trabajo y Medicina de Familia, pero apenas ejerció como médico de familia en el SAS durante cuatro años, de 1988 a 1992. En realidad, su trayectoria se desarrolla principalmente en la medicina privada, hasta el punto de que llegó a ser miembro de la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y Vocal de sus Comisiones de Salud, Prevención y Relaciones Laborales. 

Ha sido director médico del Hospital Vithas Parque San Antonio de Málaga, director médico y gerente adjunto del Complejo Hospitalario Integral Privado–Hospital Chip de Málaga y director de Inteligencia de Mercado e Innovación en Mutua Universal, compañía en la que ocupó distintos puestos de responsabilidad.

Aparcó su trayectoria en la sanidad privada para ejercer varios cargos públicos para el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno. Así, el consejero Jesús Aguirre lo nombró gerente de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir en abril de 2019, y siete meses después lo promocionó director gerente del SAS. En el segundo Gobierno de Moreno fue nombrado viceconsejero de Salud. Antes, había sido vocal en el Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad desde septiembre de 2012 a febrero de 2018, coincidiendo con el Gobierno de Mariano Rajoy."                    (Daniel Cela / Néstor Cenizo , eldiario.es, 02/04/24)